La Defensoría del Pueblo, en ejercicio de su atribución de protección de los derechos humanos de las y los habitantes del país, inició un proceso de monitoreo de la implementación del plan de vacunación contra la COVID-19, y en su momento, se alertó sobre la falta de priorización para la aplicación inicial de la vacuna al personal de la salud y de primera línea. En este sentido, se informó a las autoridades competentes de la posible existencia de delitos como peculado o tráfico de influencias.
El 16 de febrero de 2021, en el marco del monitoreo anunciado, la Defensoría del Pueblo recibió alertas, a través de varios medios formales e informales, sobre la falta de stock de vacunas para la aplicación de la segunda dosis dirigida al personal médico que habría recibido la primera dosis el pasado 26 de enero, en especial, en las provincias de Carchi e Imbabura.
La ficha técnica informativa de la VACUNA COVID-19 de Pfizer-BioNTec determina que la segunda dosis de 0,3 ml deberá ser aplicada a los 21 días para lograr la efectividad deseada, situación que ha sido confirmada por el Ministerio de Salud Pública, que ha venido aplicando algunas de las segundas dosis en este lapso.
En este sentido, preocupa ampliamente a la Institución Nacional de Derechos Humanos que las denuncias, los retrasos y la falta de aplicación de las segundas dosis continúen siendo en el personal de salud de atención primaria de pacientes con COVID-19, hecho que evidencia la irresponsabilidad e ineficacia del Ministerio de Salud Pública y su titular, Juan Carlos Zevallos, en el manejo de la pandemia, así como el incumplimiento de sus atribuciones legales y constitucionales, poniendo en riesgo los derechos del personal médico y de la ciudadanía en general.
Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo ALERTA de una posible inefectividad de las dosis de vacunas aplicadas en las y los habitantes del país que no han recibido la segunda dosis en el tiempo técnicamente adecuado, situación que pone en peligro los derechos a la salud e integridad de las y los ciudadanos y, además, demuestra ineficiencia y mal manejo de los recursos públicos.
Finalmente, EXIGE el cumplimiento irrestricto de las condiciones del plan de vacunación y de los parámetros técnicos establecidos por los fabricantes, la existencia de un stock adecuado para cumplir la inmunización de las y los ciudadanos, así como también, la transparencia en el proceso en beneficio de todas y todos los habitantes del país.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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