La Defensoría del Pueblo de Ecuador, ante los graves hechos registrados en diferentes centros gerontológicos públicos y privados del país, en el marco de sus atribuciones, EXHORTA a las diferentes carteras de Estado competentes para que dirijan sus esfuerzos, a fin de mitigar y prevenir más contagios de COVID-19 y fallecimientos de personas adultas mayores.
El artículo 36 de la Constitución de la República determina que “las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia.” De la misma manera, en artículos siguientes de la referida norma, se dispone que, el Estado, en particular, tomará medidas de atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos.
A pesar de lo señalado, la Defensoría del Pueblo observa con gran preocupación lo sucedido en centros gerontológicos de las provincias de Chimborazo, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi Zamora Chinchipe y El Oro, donde se han reportado contagios tanto de personas adultas mayores que se encuentran asiladas en dichos lugares como del personal que labora, llegando, incluso, al registro de varios fallecimientos confirmados por COVID-19 y otros casos con sospecha.
Hace pocos días, se registró la noticia en medios de comunicación, del deceso de 11 personas adultas mayores y 44 casos confirmados de COVID-19 en un centro gerontológico del cantón Penipe en la provincia de Chimborazo. De igual forma, en la ciudad de Latacunga se conoció del contagio por coronavirus de 17 personas, de las cuales 14 eran de la tercera edad, y el registro de un deceso. Finalmente, en junio se advirtió del contagio de 36 personas en una residencia destinada al cuidado de este grupo de atención prioritaria en el cantón Píllaro en la provincia de Tungurahua, de las cuales 25 eran personas adultas mayores.
La pandemia ocasionada por la COVID-19, sin duda alguna, ha golpeado a todas y todos a escala mundial; sin embargo, es preciso señalar que, uno de los grupos más vulnerables ante esta situación, han sido las personas adultas mayores.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo, en concordancia con la normativa antes referida y de acuerdo con las disposiciones que emanan de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, ratificada por Ecuador, recuerda que es una responsabilidad conjunta entre el Estado, la sociedad y la familia, precautelar, proteger y garantizar los derechos de las personas adultas mayores en todos los ámbitos, más aún, en el contexto actual en el que nos encontramos.
La situación que atraviesan las personas adultas mayores que están al cuidado de instituciones públicas y/o privadas, como se señala en párrafos anteriores, es preocupante, por lo que, en procura de garantizar el efectivo goce de sus derechos como un grupo de atención prioritaria, se EXHORTA a las diferentes carteras de Estado competentes para que dirijan sus esfuerzos a fin de mitigar y prevenir más contagios y fallecimientos.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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