La Defensoría del Pueblo del Ecuador exhorta al Estado ecuatoriano a que, el 27 de septiembre de 2018, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, firme el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, por constituir el primer tratado vinculante para el respeto y garantía de derechos humanos y de la naturaleza.
Este Acuerdo le permitirá al Estado ecuatoriano reforzar el contenido de los derechos constitucionalmente reconocidos de acceso a la información (art. 91), de participación y consulta (art. 395,3 y 398) así como de justicia (art. 397 y 399) en materia ambiental con mejores estándares en asuntos relacionados con el derecho a vivir en un ambiente y sano y los de la naturaleza y que en su momento fueron desarrollados por el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992.
Este Acuerdo constituye el primer tratado vinculante en incorporar tres obligaciones específicas para los Estados relativas a las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales: garantizar entornos propicios y seguros; adoptar medidas adecuadas y efectivas para promover y proteger todos sus derechos, incluidos los derechos de acceso, y; prevenir, investigar y sancionar los ataques que enfrentan. De ese modo constituye un avance progresista en cuanto a la protección de las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos a vivir en un ambiente sano y los de la naturaleza en Ecuador.
Una vez el Acuerdo sea firmado y ratificado, este tratado internacional aportará también al contenido de los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución. El principal desafío tiene que ver con la comprensión de la naturaleza como sujeto de derechos y la necesidad de diferenciar los procesos de reparación del derecho humano al ambiente sano y del derecho a la restauración de la naturaleza.
Finalmente, reiteramos que la firma del Acuerdo de Escazú constituye un estándar progresista, no sólo para el Ecuador sino para todos los países de América Latina y el Caribe y solicitamos que, una vez firmado, se inicie de manera oportuna el proceso de ratificación ante la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional y poder contribuir a la entrada en vigor internacional de este acuerdo.
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