La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, ejerce un rol de monitoreo permanente de la situación de los derechos humanos en el país. En tal virtud, preocupa seriamente la falta de disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales públicos, a escala nacional, lo que genera que cada vez sea más extensa la lista de espera, dificultando que se garantice el derecho a la salud de las personas, de forma oportuna y como deber primordial del Estado, tal como lo dispone la Constitución de la República (artículos 3 y 32 CRE).
Es tan alarmante la situación que, en la ciudad de Quito, la lista de pacientes por Covid-19 en espera de una cama estaría superando las 100 personas. La crisis sanitaria se produce también en el área de hospitalización, donde la lista de espera para recibir atención médica por Covid-19 es de, alrededor, 45 pacientes[1].
Igualmente, el hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) de la ciudad de Guayaquil tiene una lista de 25 pacientes con Covid-19 que esperan una cama en la UCI y 70 personas de otras unidades médicas que también buscan ser atendidas en UCI[2]. Existen reportes con situaciones similares en otras ciudades del país.
Por esta razón, es necesario que el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Salud Pública, establezca mecanismos apropiados para atender esta situación que desborda las capacidades de los hospitales públicos, garantizando el acceso gratuito a la salud con la colaboración de las y los actores privados, por lo que, esta Institución Nacional de Derechos Humanos reitera la recomendación realizada mediante pronunciamiento público de 30 de marzo de 2020 para que los hospitales y clínicas privadas, a escala nacional, sean de uso y servicio público mediante una declaratoria del Gobierno Nacional.
Por otro lado, se observa con preocupación el alto y diverso costo de las pruebas para la detección de la Coviod-19, frente a lo cual, es pertinente que el COE Nacional haya resuelto que el Ministerio de Salud Pública revise y regule los techos de los precios para estas pruebas, de forma que estén al alcance para todas las personas. Esta acción es de vital importancia, puesto que mientras no exista esta regulación, es difícil que se realicen las pruebas necesarias que permitan recabar datos reales del contagio en el país.
Al respecto, cabe enfatizar en la recomendación del Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en su declaración del 17 de abril de 2020, exhortó a los Estados a “[…] que velen porque la extraordinaria movilización de recursos para hacer frente a la pandemia de Covid-19 dé el impulso necesario para movilizar recursos a largo plazo con miras al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el Pacto. […]”[3].
El Comité también recomendó, como imperativo, que “[…] los Estados parte adopten medidas reglamentarias apropiadas para velar porque los recursos de la atención sanitaria, tanto en el sector público como en el privado, se movilicen y se compartan entre toda la población a fin de garantizar una respuesta amplia y coordinada a la crisis en materia de atención sanitaria. […]”[4].
Frente a esta situación provocada por la pandemia, la Defensoría del Pueblo recomienda:
1. Que se realicen las acciones pertinentes para declarar, temporalmente, a los hospitales y clínicas privadas, a escala nacional, de uso y servicio público, una vez realizado un estudio que los valore como lugares indispensables para atender la emergencia sanitaria a causa de la pandemia provocada por la Covid-19, debido a que el sistema de salud pública, en términos de recursos e infraestructura, ha desbordado sus capacidades para atender la emergencia sanitaria.
2. Que el Ministerio de Salud Pública cumpla la resolución del COE Nacional del 14 de abril de 2021, en la que en su numeral 8 dispuso que “[…] revise y regule los techos de los precios de las pruebas diagnósticas para Covid-19 en laboratorios privados a nivel nacional”. También, se exhorta al Ministerio de Salud para que revise y regule los techos de los precios de los medicamentos y tratamientos para las personas pacientes con Covid-19 en las clínicas y hospitales privados, de forma que se garantice el acceso a la salud. Estos techos de precios de las pruebas deben ser públicos y estar a disposición para el conocimiento de la población en general.
3. Que el Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Salud Pública, disponga de una política pública a largo plazo para fortalecer las capacidades de los hospitales públicos para la atención de la salud de la población en general.
[1] | El Universo, “En Quito 102 personas esperan por una cama en cuidados intensivos por COVID-19”, publicado el 13 de abril de 2021, disponible en el siguiente Enlace
[2] | El Universo, “Confinamiento es necesario y urgente según médicos y funcionarios ante incremento de contagios y fallecidos por COVID-19 en Guayaquil”, publicado el 13 de abril de 2021, disponible en el siguiente Enlace
[3] | Comité DESC, “Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los derechos económicos, sociales y culturales”. E/C.12/2020/1, del 17 de abril de 2020. Disponible en el siguiente Enlace
[4] | Ibíd.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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