Ante la serie de denuncias sobre la entrega irregular de carnés de discapacidad, por parte de funcionarios/as del Ministerio de Salud Pública, a ciudadanos y ciudadanas que no tendrían ninguna condición médica que les dé esa calidad, quienes estarían, además, usando este documento para acceder a los beneficios y acciones afirmativas que otorga la Ley Orgánica de Discapacidades, la cual garantiza una inclusión real y mejores condiciones de vida a las personas que tienen una verdadera condición de discapacidad o discapacitante, la Defensoría del Pueblo, EXHORTA a:
a) Que el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, cese en el cargo a aquellas autoridades que, por acción u omisión, han permitido que estos hechos se produzcan;
b) Que el Ministerio de Salud Pública, garantice una investigación administrativa transparente que permita esclarecer las irregularidades denunciadas y sancionar a las y los responsables a todo nivel, y que se informe pública y periódicamente a través de su portal institucional sobre el resultado de las investigaciones;
c) Asimismo, a que esta cartera de Estado, con el acompañamiento del CONADIS, reforme y simplifique el proceso para la emisión de los carnés de discapacidad, elevando los niveles de confiabilidad y transparencia;
d) Que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría Nacional de Aduana, el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás instituciones involucradas, mantengan publicadas, actualizadas y de libre acceso, las bases de datos relacionadas con las personas con discapacidad y los beneficios otorgados como medidas de acción afirmativa, para garantizar la transparencia en el acceso a la información y facilitar el control social;
e) Que la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia promueva el diseño e implementación de campañas específicas de sensibilización, prevención y concienciación respecto a las personas con discapacidad y sus familiares, a la importancia de su inclusión y normalización social, así como de las medidas de acción afirmativa; y,
f) Que los medios de comunicación, desde el ejercicio de su rol, contribuyan a formar la opinión pública sobre la discapacidad, permitiendo aproximar a la sociedad con la realidad por la que atraviesa el colectivo de personas con discapacidad, fomentando una mayor inclusión social y la reducción de la discriminación que sufren.
Según el último censo realizado por el INEC, en el país son cerca de 816.000 personas con discapacidad, de las cuales, a febrero de 2020, aproximadamente 426.000 tienen carné, y el resto, esto es, 390.000, no lo tienen, quedando pendiente el reconocimiento jurídico por parte del Estado de esta condición.
A la emisión dolosa de carnés de discapacidad se suman otras irregularidades, como el aumento en la importación de vehículos para personas con discapacidad. Solo el año pasado se habrían importado 4.426 vehículos y, en lo que va de 2020, se registran 1.420 vehículos, cifra que supera el número de vehículos importados desde que se encuentra vigente la ley.
Se alerta, además, sobre el incremento inusual de jubilaciones anticipadas por discapacidad que, según el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, han aumentado de 189 en 2014 a 1.786 en 2018, 3.899 en 2019 y que en lo que va de 2020 alcanzaría los 2.247 casos; o, del cobro ilegal o fraudulento de los bonos que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y social a las personas con discapacidad.
Lamentablemente, los hechos denunciados generan, a la par, la estigmatización de todo el colectivo de personas con discapacidad en el país, provocando repercusiones negativas sobre la finalidad del carné, el acceso a sus derechos y la deslegitimación de las acciones afirmativas que son resultado de conquistas sociales necesarias para alcanzar la igualdad real.
La Defensoría del Pueblo mantendrá abierta una investigación defensorial respecto a los hechos denunciados y, en el marco de sus competencias, continuará recabando información y realizará la vigilancia del debido proceso en los trámites administrativos y judiciales que se inicien, por lo que invitamos a las personas con discapacidad, sus familiares y a la ciudadanía en general, a presentar cualquier información relevante para el esclarecimiento y sanción de los hechos investigados.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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