La Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de su mandato constitucional y legal, ha emprendido una serie de acciones para monitorear y vigilar el ejercicio de derechos en el contexto del paro nacional y la declaratoria del Estado de Excepción ante las vulneraciones que la población vive actualmente.
Bajo este contexto, la institución presentó un informe técnico como amicus curiae hoy 7 de octubre de 2019, con información recopilada de todas las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales. De la gestión defensorial se desprende que 485 personas fueron detenidas a escala nacional, hasta el domingo 6.
Los datos señalados en este informe dan cuenta del incremento sistemático del espiral de violencia, así como del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, cuyo accionar ha estado amparado en la declaratoria de un Estado de Excepción, que además de restringir derechos, no ha sido efectivo para mantener el orden y la seguridad, sino, al contrario, ha justificado actuaciones atentatorias en contra de los derechos humanos. Asimismo, la fuerza pública ha encaminado su accionar en el control de los manifestantes, mientras la delincuencia ha proliferado a través de saqueos y robos masivos en distintos lugares a lo largo del territorio nacional.
De acuerdo a las evidencias constatadas, la Fuerza Pública expuso a los/as ciudadanos/as a contextos de privación arbitraria de la libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes y hasta actos de tortura. Según los datos levantados, por ejemplo, en Quito, el Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura indica que muchas de las personas detenidas, la mayoría jóvenes, llegaron a la Unidad de Flagrancia con evidencia de golpes en su cuerpo, no se respetaron protocolos de actuación frente a mujeres detenidas ni grupos de atención prioritaria como adolescentes o personas con discapacidad.
La Institución Nacional de Derechos Humanos ha sido testiga de la violenta represión en contra de las personas que se encuentran ejerciendo su derecho a la protesta social, en especial de los miembros del movimiento indígena del país en provincias como Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Pastaza, Tungurahua, Chimborazo y Azuay.
En un recorrido que realizó el Defensor del Pueblo este domingo 6 de octubre, a las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, constató la situación alarmante que viven las poblaciones, ante la evidencia de las confrontaciones entre las organizaciones indígenas y la fuerza pública. “No podemos reprimir al pueblo ni pensar que el pueblo ecuatoriano es el enemigo”, indicó el titular de la Defensoría del Pueblo.
En este marco, la Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a suspender, de manera inmediata, la aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 884 que determina el Estado de Excepción, con el fin de otorgar las condiciones necesarias para instaurar un diálogo con los dirigentes del paro, especialmente, con el movimiento indígena del Ecuador, garantizando la participación ciudadana en la toma de decisiones e igualdad de condiciones, con el objetivo de devolver la calma al país en el marco de un efectivo ejercicio de los derechos. Esto para evitar que una radicalización de posturas provoque el incremento de violencia, muertes y conmoción social.
Encuentre el informe técnico de la Defensoría del Pueblo a continuación