La Defensoría del Pueblo, preocupada por los tres nuevos casos de femicidio suscitados ayer, 21 de agosto de 2020, en las ciudades de Cuenca, Otavalo y Portovelo, insta a la Presidencia de la República, así como a la Función Judicial, a asumir de manera urgente un verdadero compromiso para fortalecer las acciones de prevención, protección, atención, investigación, persecución, sanción y reparación integral a las víctimas directas e indirectas de estos delitos.
La Organización Mundial de la Salud, declaró a la violencia de género como una “pandemia”, pues es la primera causa de muerte en la región de mujeres y niñas entre 14 y 44 años, donde el espacio privado representa uno de los lugares más inseguros para permanecer. América Latina cuenta con 14 de los 25 países con mayor tasa de femicidio en el mundo. De acuerdo con la CEPAL, 2.559 mujeres fueron víctimas de femicidio en 2017. La misma fuente indica, de acuerdo a datos recogidos entre 2016 y 2017, que El Salvador (10,2), Honduras (5,8), Belice (4,8), Trinidad y Tobago (3,0), Guatemala (2,6) y República Dominicana (2,2) son los países con mayor prevalencia de femicidios en la región. En América del Sur, lo son Bolivia y Paraguay con tasas de 2,0 y 1,6 por cada 100.000 mujeres.
Las estadísticas actuales de femicidios, probablemente, se subestimen si se toma en cuenta el número de mujeres y niñas desaparecidas. Los datos disponibles sobre las desapariciones de mujeres que, en algunos casos, están vinculados al femicidio, también facilitan la comprensión del problema en la región. Es importante destacar que, en particular en nuestra región, las desapariciones están muchas veces asociadas a la dinámica de los flujos migratorios.
La Defensoría del Pueblo recuerda que 765 mujeres han sido asesinadas por la violencia femicida en Ecuador, desde enero de 2014 hasta agosto de 2020 (20 femicidios en este año) y que, según los estudios y experiencias en otros países, la situación de confinamiento ha profundizado la violencia hacia mujeres y niñas, tal como se evidencia en la estadística.
La Defensoría del Pueblo recuerda al Estado ecuatoriano que, con fecha 18 de marzo de 2020, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), solicitó a los estados la incorporación de la perspectiva de género en las medidas que se tomen para la mitigación de la COVID–19, indicando que deben reforzarse las acciones para la prevención y atención de violencia de género.
No es posible combatir la violencia basada en género y la violencia femicida si no se cuenta con una verdadera voluntad política traducida en presupuesto, para que todas las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el marco de sus competencias, solventen políticas de atención, protección, pero, sobre todo, de prevención y reparación integral que, hasta ahora, están ausentes en el mapa del accionar público. El discurso debe verse traducido en hechos reales que permitan aplanar la curva de crecimiento del número de femicidios, pues lo único que nos dejan entrever es la deshumanización que la política pública tiene para tratar estos crímenes atroces contra las mujeres de nuestro país.
En virtud de todo lo mencionado, la Defensoría del Pueblo EXHORTA a la Presidencia de la República de Ecuador y sus carteras de Estado, así como a la Función Judicial, a buscar mecanismos eficientes que detengan la ola de femicidios en el país, garanticen el ejercicio de los derechos y prevengan la violencia femicida, con especial énfasis en el confinamiento, pues las mismas no responden a la lógica cotidiana de respuesta, porque las mujeres se encuentran aisladas con su agresor y limitadas en su capacidad para pedir ayuda. Así mismo, EXHORTA a que se dé la mayor de las prioridades en el ámbito presupuestario, pues no debemos esperar a tener una víctima más.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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