La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, en ejercicio de sus competencias de protección y tutela de derechos, expresa su preocupación por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza evidenciada en el control del orden público por parte de la Policía Nacional durante el paro convocado por varias organizaciones sociales en el país.
En todas nuestras delegaciones provinciales se ha recibido información relacionada a víctimas de abuso policial en contra de personas que ejercían el derecho a la libertad de expresión y protesta social. Asimismo, a través de redes sociales y otros medios de comunicación se han identificado ataques de la fuerza pública en contra de manifestantes y periodistas. Además, se tiene información de que existen miembros de la fuerza pública heridos a causa de los enfrentamientos en los procedimientos de control, todos estos, hechos ocasionados por la grave conmoción social que se vive en el país.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo se encuentra interponiendo acciones de hábeas corpus para proteger los derechos de las personas detenidas en el marco de las manifestaciones. Las autoridades de la institución, a escala nacional, verifican el estado de los detenidos en las unidades de flagrancia, a fin de determinar los casos que requieren la vigilancia de la Institución Nacional de Derechos Humanos para el cumplimiento del debido proceso y evitar un uso indebido del derecho penal para criminalizar la resistencia legítima.
Esta institución considera que, al encontrarnos dentro de un Estado de Excepción, el control y la limitación pertinente y estructural de su aplicación debe ser realizada por la Corte Constitucional. Por ello, exhortamos al órgano de máxima interpretación de la Constitución a que, de manera urgente, emita su pronunciamiento en relación a este decreto para lograr la plena vigencia y ejercicio de los derechos de todos y todas en el país.
Finalmente, recordamos que de conformidad con lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República, la Fiscalía General del Estado es la institución que ejerce la acción pública en materia penal, por lo que tiene la capacidad de evitar un uso indebido del derecho en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Por lo tanto, exhortamos a la entidad a que analice, caso por caso, la pertinencia de acusar a las y los detenidos, con el objetivo de que se cumplan de manera irrestricta los estándares constitucionales e internacionales en la materia.
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