La Defensora del Pueblo (s), Zaida Rovira Jurado, junto a las autoridades locales de Santa Elena, y de otras provincias de la costa ecuatoriana, así como líderes y lideresas del gremio de pescadores y sus colectivos, recorrieron el malecón de la parroquia Santa Rosa, por la defensa de los derechos de este grupo de la sociedad a la seguridad e integridad personal y de sus bienes, a la vida digna y libre de violencias, previo al inicio del primer encuentro de pescadores artesanales de Ecuador, que se llevó a cabo en el estadio ‘Río Guayas’.
Las delegaciones de pescadores artesanales y sus representantes en las provincias de Esmeraldas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Santa Elena -después de que sus embarcaciones fueran bendecidas en el malecón del puerto de dicha localidad-, estuvieron presentes en este primer encuentro denominado “Lucha por la vida, seguridad marítima y trabajo digno”, y que fue convocado por la Defensoría del Pueblo, este lunes 26 de julio de 2021.
William Bermello, líder del sector pesquero de Santa Elena, dio la bienvenida a las y los pescadores artesanales que acudieron al encuentro y agradeció a la Defensora del Pueblo (s) por escuchar las demandas y planteamientos del sector pesquero en procura de la tutela de sus derechos humanos. “Gracias por impulsar esta lucha en beneficio de la vida y mejorar las condiciones de vida de este grupo de personas en el país, querida Defensora”, subrayó.
Pablo Vélez, representante de las personas pescadoras en Manabí, indicó que acudieron a este llamado para buscar mejores días para sus familias, y agradeció a la Defensoría del Pueblo por tomar su bandera de lucha para que sus derechos sean respetados. En tanto, Ramón González, delegado del sector en Santa Elena, exteriorizó su agradecimiento a la Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador por el apoyo recibido para que el sector pesquero artesanal se defienda y se garanticen sus derechos al trabajo y la vida digna, con el único objetivo de contribuir al desarrollo del país.
José Daniel Villao, prefecto de la provincia de Santa Elena, recalcó que la principal actividad económica del país es la pesca, por ello, “es importante que el Estado se preocupe por atender a este sector, ya que si no hay pesca no hay recursos, no hay trabajo, y se paraliza la economía”, resaltó.
El asambleísta de Santa Elena, Lenin Mera, señaló que se están realizando las gestiones correspondientes para mejorar la seguridad marítima en el sector costanero del país, desde el poder legislativo. Además, María del Carmen Aquino, asambleísta de la misma provincia, agradeció la invitación y la voluntad de la Defensoría del Pueblo para proteger y defender los derechos del sector pesquero de Ecuador.
En ese sentido, y como respuesta al pliego de peticiones sobre seguridad marítima presentado por el gremio de pescadores artesanales de Ecuador, la Defensora del Pueblo, Zaida Rovira Jurado, entregó el “Informe de Análisis normativo en relación a los derechos de las personas que se dedican a la pesca artesanal en el mar”, donde se exhorta al Ejecutivo para que, de manera urgente, tome en consideración el resultado de las mesas de trabajo de las asociaciones y cooperativas presentes en este evento y declare en emergencia al sector pesquero nacional.
“Las y los pescadores artesanales deben contar con un mecanismo de protección y seguridad en alta mar, por lo que se sugiere conformar mesas de trabajo interinstitucionales para la construcción del reglamento a la actual Ley Orgánica de navegación, gestión, seguridad y protección marítima, en las que deben participar las y los representantes de pescadores, personas individuales, academia, organismos de derecho público y privado y organismos públicos de seguridad”, finalizó Zaida Rovira Jurado.
Con este primer encuentro histórico en el país, para afianzar la tutela y protección de los derechos de las personas pescadoras artesanales, la Defensoría del Pueblo reúne los insumos y recoge las opiniones y propuestas de este gremio dedicado a la pesca para que el Gobierno Nacional remedie su difícil situación y dote de seguridad y protección a sus derechos en el desarrollo de sus actividades.