Una vez que la Defensoría del Pueblo de Ecuador ha conocido, a través de varios medios de comunicación públicos y privados, que en la Secretaría Técnica “Plani ca Ecuador” se estaría exigiendo a las y los servidores públicos de esta institución a aplicarse la prueba de COVID 19, en las instalaciones institucionales, previo al retorno y cumplimiento de la jornada especial diferenciada de trabajo, se exhorta a todas las entidades públicas a abstenerse de este accionar contrario a la normativa y al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo y Contraloría General del Estado, a cumplir su rol de control de acuerdo a sus competencias.
Se ha advertido, además, que se pretende obligar a las y los servidores a asumir los costos de las pruebas, cancelar directamente a las y los proveedores, bajo la directriz de que, al no hacerlo, no sería permitido su ingreso a las instalaciones de la Secretaría Técnica “Plani ca Ecuador” ni acogerse a la modalidad de teletrabajo.
Se recuerda que, imponer pruebas obligatorias a las y los trabajadores y cobrar por ellas, es contrario a lo dispuesto en el artículo 21 del Convenio de la OIT núm. 155, sobre seguridad y salud de las y los trabajadores, en el que se establece que: “Las medidas de seguridad e higiene del trabajo no deberán implicar ninguna carga nanciera para los trabajadores”. Esta medida también es contraria al literal l) del artículo 23 de la Ley Orgánica de Servicio Público y los numerales 2 y 5 del artículo 11 del Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el Registro O cial No. 565 del 17 de noviembre de 1986, por el cual se expidió el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores.
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