Con el objetivo de erradicar la afectación sistemática y continua de la que fueron y siguen siendo objeto las y los trabajadores de las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. en Ecuador, la Defensoría del Pueblo, este jueves 30 de julio de 2020, entregó el Informe final sobre la vulneración de derechos en el caso Furukawa a la Presidencia de la República, en Quito, y a las gobernaciones en Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Este documento contiene, en detalle, la información que evidencia la vulneración de derechos de más de 1.200 personas y alrededor de 400 familias, en su mayoría afrodescendientes, que viven y trabajan en las 2.300 hectáreas que componen las extensiones de tierra de Furukawa, y que, desde hace más de 56 años, han permanecido en una indigna situación de ‘esclavitud moderna’.
Las y los trabajadores de Furukawa han dedicado su vida, durante décadas, a la labor de extracción de fibra de abacá, sin contratos de trabajo ni seguridad social, subsistiendo en condiciones infrahumanas y precarias sin agua potable, luz ni saneamiento ambiental. Esto se subraya en el informe, donde también se evidencian las violaciones a derechos como: vida digna, prohibición de esclavitud, protección a niños, niñas y adolescentes, derechos laborales, entre otros.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador conoció, en octubre de 2018, la existencia de posibles hechos de explotación laboral en las haciendas de la empresa abacalera Furukawa, por lo cual abrió una investigación defensorial en la que se determinó la existencia de ‘esclavitud moderna’ sufrida, hasta ese momento, por alrededor de 680 personas. Dicha acción defensorial fue remitida, tanto a la Asamblea nacional para que realice el respectivo control político, como a organismos internacionales de derechos humanos.
El 18 de febrero de 2019, la Defensoría del Pueblo emitió un primer Informe de verificación de derechos humanos y el 22 de junio de 2020, un segundo Informe de seguimiento para verificar el estado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas, las respuestas dadas u omisiones detectadas por las entidades gubernamentales responsables de garantizar los derechos de las y los trabajadores en el caso Furukawa.
Bajo la consigna de “Furukawa Nunca Más”, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ministerio de Gobierno, de Agricultura y Ganadería, de Trabajo, de Inclusión Económica y Social, de Salud Pública y de Educación, así como a la Dirección General del Registro Civil y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, en el ámbito de sus responsabilidades legales y constitucionales, para lograr la erradicación de la violación a derechos fundamentales de dicha empresa japonesa.
Además, la Defensoría del Pueblo, dispone la notificación de este informe final a todas las instituciones del Estado que tienen competencia directa sobre la existencia y permanencia, por décadas, de este grave caso de esclavitud moderna en Ecuador, incluidas la Presidencia de la República y la Asamblea nacional, para que, en ejercicio de sus competencias, actúen y fiscalicen a las entidades involucradas.
De no darse la reparación integral que se desprende del informe, se iniciarán las acciones judiciales correspondientes, a escala nacional e internacional, con la finalidad de sancionar a Furukawa Plantaciones C.A. de Ecuador y a todas las personas involucradas en el posible delito de explotación laboral hacia las y los trabajadores de dicha empresa y sus familias.