Desde el 13 de junio de 2022, esta Institución ha llamado a las partes involucradas en el conflicto social a priorizar el diálogo y la mediación para retomar la paz en el territorio nacional. No obstante, pese a la escalada de violencia y el incremento de personas fallecidas, heridas y detenidas, los actores sociales no han logrado concretar un acuerdo que ponga fin a la precaria situación que vive el país.
Es importante recordar que el artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República determina como deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral. Con igual importancia, el artículo 83 de la Carta Fundamental establece que es deber y responsabilidad de las personas en el Ecuador colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad, cuya obligación es correlativa y compartida entre el Estado y la población.
La Defensoría del Pueblo, ejerciendo su magistratura ética, en concordancia con lo establecido en los Principios de París para la protección y tutela de los derechos humanos, INSISTE y EXHORTA:
• Al señor Presidente de la República del Ecuador y a los señores dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), a concretar el diálogo y un acuerdo social que permita cesar la violencia producida en el contexto de las manifestaciones de manera responsable e inmediata.
• A la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a respetar albergues y zonas de paz; y a observar estrictamente las Medidas de Cumplimiento Obligatorio emitidas por la Defensoría del Pueblo mediante Resolución No. 001-DPE-DDP-2022, de 21 de junio de 2022, a través de las cuales se dispuso el respeto a la inviolabilidad de los recintos universitarios y el establecimiento de Bordes de Paz en los exteriores universitarios, considerando que en dichos predios se encuentran personas pertenecientes a los grupos vulnerables y de atención prioritaria.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, de manera ininterrumpida, hemos trabajado con denuedo y nos mantendremos ejerciendo nuestro deber constitucional y legal, con servidoras y servidores defensoriales de la oficina matriz y las delegaciones provinciales, aún cuando existen limitaciones de personal para responder de manera inmediata a cada denuncia por vulneración de derechos.
Finalmente, es fundamental realizar un llamado a la población para proteger y respetar la democracia e institucionalidad del país, de manera que se evite la deslegitimación y distracción del verdadero interés social que ha motivado las manifestaciones. El primer artículo de la Constitución de la República define al Ecuador como un país democrático, por lo que es deber de todas y todos, respetar y proteger el diálogo social e institucional.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo estará vigilante para contribuir a este proceso desde sus competencias en el ámbito de los derechos humanos.
Dr. César Córdova
Defensor del Pueblo de Ecuador (e)
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