Las acciones apuntan al cumplimiento de estándares de derechos humanos frente a la grave situación que enfrentan las y los familiares de las personas privadas de libertad.
Las principales autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, realizan visitas permanentes a los sitios establecidos por parte del gobierno central para vigilar y observar el cumplimiento de estándares en materia de derechos humanos, y del sistema de rehabilitación social. Hasta el momento, de acuerdo al SNAI, se sigue mantiene la cifra de 118 personas privadas de libertad fallecidas y 52 heridas.
Ante estos graves sucesos, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, a través del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos y la Delegación Provincial de la INDH en Guayas, se mantiene activa y alerta realizando las siguientes acciones:
1. Se solicitó al Gobernador de la provincia del Guayas se active de manera urgente a la mesa interinstitucional, para abordar la emergencia carcelaria suscitada en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1 (Penitenciaría del Litoral).
2. El señor Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, recibió un oficio en el que se expresa la preocupación de la INDH respecto a la problemática sostenible observada en los centros de privación de libertad, y se solicitó tomar acciones urgentes para retomar el control del centro y la garantía de derechos de las personas privadas de libertad que se encontraban en el centro, entre otras exigencias.
3. Se publicó un pronunciamiento institucional respecto a la situación suscitada en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1 (Penitenciaría del Litoral), recordando la responsabilidad del Estado frente a la garantía de derechos de las personas que tienen bajo su custodia y requiriendo se tomen las medidas urgentes para garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
4. La observación de los protocolos gubernamentales de entrega de información a las y los familiares de las personas privadas de libertad que se encuentran en el parque Samanes y en la morgue de la policía de Guayaquil, con el fin de que la misma se realice de manera individualizada, confidencial, garantizando así un trato digno.
5. Se coordina entre la Defensoría Pública y Fiscalía de la provincia, a fin que los familiares puedan realizar las denuncias respectivas con el acompañamiento de la asesoría legal correspondiente.
6. Se activaron mesas de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, a fin de efectuar acciones conjuntas que permitan atender la emergencia actual, e incidir en la búsqueda de soluciones duraderas para la garantía de los derechos de las personas privadas de libertad.
7. Adicionalmente, a más de expresar la solidadriad con las familias de las personas privadas de libertad, se instó a la realización de una investigación judicial para determinar responsabilidades de la violencia estructural.
8. Se alertó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con el fin de que estén atentos a la situación de Ecuador.
La Institución Nacional de Derechos Humanos continúa realizando acciones con las distintas instituciones gubernamentales, por ser el ente técnico en materia de estándares de derechos humanos, y por las atribuciones internacionales y constitucionales que la DPE tienen para exigir que se garanticen los derechos de las personas al interior de los centros de rehabilitación social, y de sus familiares quienes son víctimas directas de esta vulneración.