La Defensoría del Pueblo del Ecuador expresa su preocupación por las declaraciones emitidas públicamente por el Consejero de Gobierno, Santiago Cuesta sobre el inicio de procedimientos administrativos para la separación del cargo de los funcionarios públicos que protestan contra el régimen. La amenaza se dirige a todos quienes hayan realizado acciones de exigibilidad de derechos en este periodo, y que no pertenezcan a un sindicato. Además, se mencionó que el visto bueno o el sumario administrativo se iniciará en contra de quienes “quiera arrogase funciones de sindicalistas”.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, queremos recordar al señor Santiago Cuesta que el derecho a la protesta está reconocido nacional e internacionalmente. La movilización y protesta social son estrategias que en democracia permiten el ejercicio de la libertad de expresión, la exigibilidad de derechos y contribuyen a orientar cambios en políticas públicas que beneficien al pleno ejercicio de derechos.
En este sentido, en el Art. 66.6 de la Constitución se reconoce el derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Además, es necesario tomar en consideración que el derecho a la sindicalización es un derecho de libertad, reconocido en el Art. 16. de la Convención Americana de Derechos Humanos y constituye la escencia de los derechos laborales colectivos.
En esta lógica, se recuerda que el ejercicio de estos derechos y sus mecanismos de exigibilidad formal y social, no están restringidos a las personas agremiadas o sindicalizadas. Todo lo contrario, es una potestad para todos los habitantes del país, incluidos los servidores públicos. Por lo expuesto, creemos que un pronunciamiento de las características del expresado por el Consejero Presidencial, constituye hostigamiento y amenaza a defensores y defensoras de derechos humanos y, de concretarse, constituiría una violación a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Por lo expuesto, exhortamos a todas las autoridades públicas a que se abstengan de emitir pronunciamientos que limiten o restrinjan de manera desproporcionada el ejercicio del derecho a defender los derechos y que por el contrario, promuevan la existencia de un entorno propicio el diálogo y la participación, así como para la protesta social pacífica.
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