El 5 de febrero de 2023, el Ecuador participará de un proceso de democracia, en el cual se escogerán varias dignidades mediante voto popular. Las personas candidatas que ganen en los comicios electorales representarán al pueblo ecuatoriano.
Para asegurar que se cumpla con la democracia, y de esta forma se creen sociedades justas y respetuosas de los derechos, es necesario que se garanticen procesos transparentes, participativos, inclusivos e imparciales. Estos procesos no pueden darse si existe la ausencia de las mujeres en la política, ya que representan el 50% de la población, por ende, sin la participación igualitaria de las mujeres en estos espacios, no es posible hablar de democracia.
La carta magna ecuatoriana establece, en su artículo 11 numeral 2, que “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”; su artículo 66 numeral 4 reconoce y garantiza a las personas su derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación. Asimismo, este cuerpo normativo reconoce el derecho a desempeñar empleos y funciones públicas con criterios de equidad y paridad de género reconocido en el artículo 61.7, la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de denominación o designación de la función pública determinado en el artículo 65.
A pesar de lo expuesto, la violencia de género contra las mujeres sigue presente en todos los ámbitos; y, los procesos de elecciones exponen las diferencias sociales y políticas que aumentan el riesgo de violencia política y simbólica, que desvaloriza a las mujeres que ejercen cargos políticos, limitando su rol y su capacidad de ejercer dichos cargos, lo cual, reduce las posibilidades para que las mujeres participen y accedan a funciones de elección popular.
En ese sentido, la “Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres” determina en su artículo 10 a la violencia política como:
“aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones”
Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, como institución Nacional de Derechos Humanos, de cara a los comicios del 5 de febrero de 2023, se encuentra activa y vigilante, a fin de prevenir posibles prácticas que constituyan violencia política en el sistema democrático del Ecuador. Por lo que, EXHORTA:
1.- Al CNE, para que garantice que los movimientos políticos aseguren y respeten el Código de la Democracia, reconociendo, fomentando y cumpliendo con el porcentaje de paridad de género.
2.- A los partidos políticos, para que eliminen el uso de expresiones que atacan a las mujeres que participan en política y que se relacionan con su apariencia física, con los roles socialmente determinados para las mujeres, con la falsa creencia que las mujeres no tienen la capacidad para desempeñar cargos públicos y evitar en todo momento, la violencia, tanto en el espacio político como en el público, tales como, jornadas electorales estigmatizadas y discriminatorias que minimizan la participación política de las mujeres en este proceso electoral.
3.- A los candidatos, para que eliminen de las campañas, ruedas de prensa, debates electorales, caravanas, y otros relacionados con el proceso electoral, cualquier práctica que constituya violencia política.
Durante el proceso de campaña electoral, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de sus delegaciones provinciales y mecanismo de prevención de violencia contra la mujer y basada en género, identificará las conductas que guarden relación con violencia simbólica y política, para realizar las acciones correspondientes a fin de evitar cualquier tipo de vulneración de derechos.
La Institución, estará alerta de la participación política de las mujeres, misma que debe desarrollarse en el marco de principios de igualdad y no discriminación, evitando la sexualización de cuerpos, el uso de lenguajes sexistas, y discursos discriminatorios que promuevan patrones y conductas machistas en el desarrollo de las campañas electorales.
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