La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresa su preocupación por la falta de protección y tutela efectiva de los derechos de la niña abusada y secuestrada en la comunidad de El Diamante, provincia de Sucumbíos, así como por el tratamiento que se ha dado a estos hechos en diferentes medios de comunicación y por autoridades públicas.
El abuso sexual y/o violación a un niño o niña es una grave vulneración a sus derechos humanos. En el caso de esta niña, este hecho se produjo meses antes del actual secuestro, tiempo en el que las autoridades habían tenido conocimiento de ese primer delito, sin que se hayan articulado respuestas adecuadas, tanto respecto de la niña como de su familia. El secuestro es un segundo momento de esta situación, sin que hasta la fecha se tengan resultados efectivos de su ubicación.
Recordamos que los otros niños y niñas de la Unidad Educativa donde se produjo el secuestro también enfrentan afectaciones a su derecho a vivir y desarrollarse en un entorno de paz, así como a su salud mental e integridad; hechos que deben ser asumidos por el Estado.
Desafortunadamente, este caso es una evidencia más de la situación generalizada de violencia a la que están sometidas las niñas, adolescentes y mujeres en Ecuador, sin que las instituciones del Estado consigan aún articular respuestas oportunas y efectivas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Recordamos que la vigencia de la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, debe traducirse en políticas públicas y acciones institucionales dirigidas al respeto, protección y garantía de los derechos de las mujeres.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional, reafirma su compromiso de protección y tutela de los derechos de nuestros habitantes. En el presente caso hemos iniciado la vigilancia al debido proceso en la investigación que se está llevando a cabo y exhortamos tanto a los operadores de justicia como a las instituciones públicas en general, que se tomen varias medidas urgentes:
- Ubicar a la niña y reintegrarla a su familia, de forma segura.
- Garantizar el acompañamiento de psicólogos y otros profesionales para afrontar la situación sufrida y sus repercusiones, a nivel individual, familiar, escolar y comunitario.
- Garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y no repetición de los hechos, a través de una investigación expedita, efectiva y transparente.
Adicionalmente, instamos a los medios de comunicación a que manejen información adecuada y verificada en este tipo de casos, poniendo en el centro, la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Ante las declaraciones del Ministerio del Interior, si bien son importantes las disculpas realizadas, estas deben estar acompañadas de acciones efectivas y conducentes a la localización, recuperación y reintegración de la niña a su hogar. A la par, exhortamos a esta institución a que haga una revisión de su discurso y política de seguridad y la inscriba con un enfoque de derechos humanos, género y generacional.
Gina Benavides Llerena
Defensora del Pueblo (e)
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