La Defensoría del Pueblo del Ecuador expresa su preocupación por la situación que se vive, actualmente, en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (CEBAF) de San Miguel, provincia de Sucumbíos, en el que más de 600 personas han pasado la noche sin poder realizar el trámite de registro para ingresar al Ecuador, debido al poco personal asignado en el área de migración, y sin contar con servicios básicos (agua, saneamiento, alimentación) que les permitan satisfacer cualquier necesidad. Se debe mencionar que se enfrenta un aumento significativo en el flujo diario de personas de nacionalidad venezolana, en este paso fronterizo, que el día de ayer habría recibido a 300 personas aproximadamente.
A la ya complicada situación de personas de nacionalidad venezolana en tránsito hacia Perú, con dificultades económicas para asegurar su subsistencia y costos de movilidad, que ha derivado en que deban pernoctar por días y hasta semanas a la intemperie en el Terminal Interprovincial de Carcelén de Quito; se suma ahora el reiterativo desborde de los servicios de migración y otras dificultades en los puestos fronterizos de ingreso y salida del territorio ecuatoriano, incrementando la vulnerabilidad de las personas migrantes.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos exhortamos al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, rector de la política migratoria, a reconocer la situación humanitaria y de vulnerabilidad de la población migrante en tránsito por varios países de América del Sur, entre ellos Ecuador, y que se tomen varias medidas urgentes:
- Adoptar un plan integral de contingencia en los Centros de Atención en frontera norte y sur para agilitar los registros de ingreso y salida, y atender adecuada y oportunamente el flujo masivo de personas de nacionalidad venezolana en tránsito.
- Establecer un protocolo urgente de atención y registro de niños, niñas y adolescentes en frontera, que garantice al mismo tiempo el respeto de sus derechos humanos, así como los principios de unidad familiar y no discriminación a las familias de nacionalidad venezolana.
- Adoptar un plan de contingencia nacional y de asistencia humanitaria, para un sector de la población, cuya situación socioeconómica se ha agravado no sólo por la situación que enfrentan en su país de origen, sino también por las difíciles condiciones en las que transitan por Colombia y al ingresar al Ecuador.
Tanto la Constitución de la República, como la Ley Orgánica de Movilidad Humana, reconocen el derecho a migrar y el principio de la libre movilidad humana, y en contra partida, la obligación estatal de garantizar sus derechos e interpretar las normas del modo que más favorezca a tal fin, por lo que reiteramos nuestro llamado al Estado ecuatoriano a afinar su comprensión del momento actual migratorio del país y construir interinstitucionalmente una política que garantice los derechos humanos de la población venezolana sin discriminación.
Gina Benavides Llerena
Defensora del Pueblo (e)
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