En conmemoración al Día del Niño y la Niña, la Defensoría del Pueblo de Ecuador como Institución Nacional de Derechos Humanos, y el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia, exigen a las nuevas autoridades públicas que tienen a cargo la administración estatal en sus diferentes funciones e instituciones, que sus decisiones, políticas, planes, proyectos y servicios se fundamenten en el cumplimiento del deber esencial de la plena garantía de los derechos establecidos en la Constitución de la República y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en favor de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo contempla el bloque de derechos comunes a todo ser humano y aquellos que son específicos de su edad.
Ratificando que el objetivo fundamental del ejercicio de las potestades estatales es el de garantizar los derechos de los más de 6 millones de niños, niñas y adolescentes que habitan en Ecuador, es imprescindible que las normas, políticas, presupuestos y servicios contemplen los principios del interés superior del niño, prioridad absoluta, participación, corresponsabilidad, especialidad e igualdad y no discriminación.
En Ecuador, la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes es generalizada, estructural, focalizada, naturalizada e invisibilizada. En la actualidad, la situación de violencias que viven los niños, niñas y adolescentes se ha visto exacerbada por la pandemia que atraviesa el país y el confinamiento extendido por varios meses, perpetuando manifestaciones crueles como el maltrato físico y psicológico, el abandono, trato negligente, la explotación laboral; así como, la explotación y el abuso sexual, siendo los hogares el escenario de estos hechos, en muchos de los cuales, las y los familiares fueron identificados como abusadores sexuales, o permanentes maltratadores, dando como resultado que muchos niños, niñas y adolescentes, víctimas de estos abusos, tomen decisiones radicales como el suicidio.
Lamentablemente las políticas públicas con problemas de dispersión, fragmentación y con programas coyunturales, sin objetivos a largo plazo, falta de sostenibilidad y continuidad, han sido concebidas como el medio para enfrentar la pobreza y la exclusión, lo que las ha separado del resto de políticas públicas. Este fuerte énfasis en los temas de pobreza, ha dado como resultado una deficiente calidad de los servicios y una frágil integración intersectorial. El ser humano, en este caso los niños, niñas y adolescentes, centro del trabajo del Estado, no es asumido desde su integralidad sino desde la entrega de servicios puntuales y sectoriales.
Por las razones expuestas, la Defensoría del Pueblo de Ecuador y el Consejo Consultivo de Niñez y Adolescencia EXHORTAN a las autoridades nacionales a:
1. Respetar los mandatos constitucionales respecto del ejercicio de las potestades públicas, de modo que el objetivo de su gestión sea la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.
2. Fortalecer los sistemas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes generando normas, disposiciones, políticas y servicios públicos que atiendan, de manera eficiente, la garantía de los derechos de la población infantil y adolescente según los estándares de derechos humanos con financiamiento suficiente, oportuno y necesario.
3. Abstenerse de tomar medidas y decisiones restrictivas, regresivas o violatorias de derechos, toda vez que la sociedad ecuatoriana debe recuperar su capacidad de goce de los derechos restringidos por el régimen de Gobierno que concluyó el 24 de mayo de 2021.
4. Abstenerse de tomar medidas que generen impactos económicos y sociales que puedan provocar mayor desatención de las necesidades esenciales para la vida digna de los niños, niñas y adolescentes y sus familias y la población en general.
5. Desarrollar las políticas y proyectos de combate y prevención de las violencias, acceso a protección integral, servicios públicos eficientes, específicos y especializados, acceso a la educación, a la salud y otras, desde los principios del interés superior del niño, prioridad absoluta, participación, corresponsabilidad, especialidad e igualdad y no discriminación, de modo que las actuaciones estatales reflejen y materialicen el compromiso que el Estado tiene con la población y, de forma especial, con los niños, niñas y adolescentes.
6. Se motiva a priorizar la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para formular planes coherentes, sistémicos e integrales de atención a los requerimientos de este sector poblacional.
7. A la Función Legislativa se le recomienda tratar con diligencia y profundidad el proyecto de Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que quedó pendiente de definición en la anterior legislatura. Se requiere de una norma que optimice los conceptos, principios e instituciones que deben regir la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y se solicita especial preocupación en el diseño del Sistema Nacional de Protección Integral como un órgano de rectoría autónomo y participativo.
La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de sus competencias constitucionales establecidas en el artículo 215 de la Constitución de la República, estará vigilante de la calidad de las decisiones que tomen las nuevas autoridades de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial.
Ante la crisis actual, se debe realizar un ejercicio de equidad y empatía, por tanto, quienes ejercen potestades públicas a todo nivel, deberán considerar la situación de la población y la mejora de sus condiciones de vida como el principal eje de su gestión. Su misión más importante será generar condiciones para la vigencia de los derechos en Ecuador.
Abg. Zaida Rovira Jurado
Defensora del Pueblo de Ecuador (s)