La más reciente amenaza de muerte al comunicador Vicente Arroba Dito, el 9 de febrero, a través de un panfleto intimidatorio dejado en los exteriores de su residencia, nos compromete a rechazarlo enérgicamente y demandar de las autoridades su protección e impulsar acciones para la garantía de un ejercicio profesional libre y en paz; así como el impulsar investigaciones exhaustivas que identifiquen y sancionen a los responsables.
Es conocido que las personas profesionales del periodismo enfrentan un alto nivel de riesgo y vulnerabilidad por el rol que desempeñan en la opinión pública. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sentencias de la Corte Interamericana, y más instituciones a escala global, han ratificado innumerables ocasiones la importancia de proteger los derechos sobre libertad de expresión y de prensa.
En el Ecuador, esta actitud ha sido replicada con bemoles ampliamente debatidos en distintos espacios del pensamiento, prácticas profesionales y acciones institucionales a todo nivel. Sin embargo, las condiciones de inseguridad que enfrenta el país y a raíz de la declaración del actual conflicto interno, establecido mediante Decreto Ejecutivo N° 111, obliga a mirar esta realidad con particular cuidado.
Durante el mes de enero de 2024 se registraron más de 40 amenazas y agresiones a periodistas, según reporta la organización Fundamedios. El ataque terrorista a TC Televisión; las intenciones de silenciar a la prensa y a periodistas por la vía judicial; y el más reciente caso de amenaza de muerte al comunicador Vicente Arroba, y más casos conocidos, representan una amenaza a la libertad expresión y una clara afrenta a los derechos humanos y principios democráticos.
Como Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, instamos a que las instituciones responsables de administrar justicia actúen de manera oportuna.
También, hacemos un llamado a las instituciones competentes a garantizar y adoptar medidas de prevención específicas para la seguridad e integridad de los trabajadores de la comunicación.
Además, el exhorto al Ejecutivo y sus carteras de Estado, a implementar políticas y acciones integrales que respalden un ejercicio pacífico de sus labores, protegiendo la seguridad, salud e integridad de quienes se dedican a estas actividades.
Como INDH reiteramos que la impunidad no puede ser tolerada frente a acciones que amenazan la integridad física y la libertad de expresión y de prensa. La Defensoría del Pueblo se mantiene vigilante y activa en la defensa de los derechos de quienes ejercen el periodismo en libertad, paz y seguridad.
Dr. César Marcel Córdova Valverde
Defensor del Pueblo del Ecuador Encargado