Este domingo 17 de octubre del 2021, dos personas asaltaron un restaurante del barrio del Centenario ubicado en la ciudad de Guayaquil. Según versiones de la prensa, uno de los asaltantes disparó a un policía que estaba en el lugar lo que provocó un cruce de balas y, como consecuencia, un niño de 11 años fue alcanzado por un impacto de bala que, lamentablemente, le provocó la muerte.
Hechos como estos, se están convirtiendo en cotidianos y generan una inmensa sensación de inseguridad en la población, misma que demanda acciones de control y de garantía de la seguridad por parte de las autoridades y la fuerza pública. Al mismo tiempo, han surgido voces que proclaman o promueven reformas legales que permitan el porte de armas por parte de la población como una solución para repeler la violencia delincuencial, sin embargo, esta INDH el día 10 de Octubre pasado, se pronunció respecto a este tema: https://www.dpe.gob.ec/la-defensoria-del-pueblo-expresa-su-preocupacion-en-relacion-al-incremento-de-la-inseguridad-e-intenciones-de-iniciativas-de-viabilizar-el-libre-porte-armas-para-defenderse-de-la-delincuencia/
Responder con violencia a un acto delincuencial es una fórmula que atenta contra la seguridad general y deriva en la ampliación del espectro de vulnerabilidad de la población que se encuentra en el medio, y que termina por absorber esa violencia generada por los portadores de armas.
Ante estos hechos, la Defensoría del Pueblo de Ecuador considera que la seguridad es un derecho de la población que debe ser garantizada por el Estado y no por otros actores, sobre todo, en el ejercicio de una potestad no transferible que es el uso de la fuerza. Igualmente, considera que la respuesta a la violencia debe enfocarse en los orígenes estructurales de la misma sin caer en discursos que permitan más hechos violentos.
La Constitución de la República en su artículo 393 establece que “el Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno”, en ese sentido, es la Policía Nacional la institución llamada a ocuparse de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio; para ello, debe garantizar actuaciones técnicas y respetuosas de los derechos humanos.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador en cumplimiento de su función de protección de los derechos de las y los habitantes del Ecuador hace un llamado a la Policía Nacional del Ecuador y EXHORTA a sus mandos y agentes para que, en el cumplimiento de sus funciones, siempre tengan presente el deber de respeto de los derechos a la vida, seguridad y a la integridad de la población y aseguren que sus actuaciones, siendo profesionales, cuidadosas y responsables , impidan que el combate a la delincuencia se convierta en una situación de riesgo para la población.
Defensoría del Pueblo de Ecuador
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