En Azuay, se han generado en los últimos días, una serie de amenazas y acciones de hostigamiento y denuncias en contra del Juez Luis Alberto Guerrero, quien en ejercicio de sus competencias constitucionales, resolvió acoger la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y emitió un fallo a favor del respeto al principio de paridad de género en la elección de la vicealcaldía del cantón Cuenca.
Conforme lo han reconocido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial de Naciones Unidas, cuando los operadores de justicia ejercen sus funciones de tutela y garantía de los derechos deben ser considerados como defensores y defensoras de derechos humanos, lo cual obliga al Estado y a la población a abstenerse de ejecutar acciones de hostigamiento y amenaza en su contra para garantizar que sus resoluciones se emitan y sean cumplidas en el marco del principio de independencia.
La independencia judicial ha sido catalogada como el atributo por el cual los jueces ejercen su magistratura sin presión alguna. Las presiones pueden ser internas o externas y deben ser evitadas, reprochadas y sancionadas por las instituciones y la población en general.
Asimismo, los jueces y juezas, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con determinadas garantías de estabilidad y respaldo debido a la independencia necesaria de la Función Judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido como “esencial para el ejercicio de la función judicial” la protección a operadores de justicia, con el objetivo de garantizar la vigencia de las democracias actuales y la independencia en la emisión de sus fallos. Dichas garantías son la base del derecho de acceso a la justicia que asiste a todas las personas.
Por lo expuesto, exhortamos a las instituciones públicas del cantón Cuenca, a la sociedad civil organizada de la ciudad y a la población en general, a rechazar y denunciar cualquier acto que involucre amenaza, hostigamiento o criminalización en el ejercicio de la labor judicial, en este caso, al juez Luis Alberto Guerrero y la Corte Provincial de Azuay; y, por el contrario, se promueva la construcción de un entorno armónico para el ejercicio de su función, garantizando su dependencia e imparcialidad, en defensa de los derechos y en cumplimiento de la Constitución de la República del Ecuador.