Una vez más, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, expresa su preocupación por los nuevos hechos de violencia ocurridos, este 12 y 13 de junio del presente año, dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 Guayaquil (Penitenciaría del Litoral) que, hasta el momento, han ocasionado la muerte de una persona privada de libertad, 7 personas heridas y varios intentos de fuga.
A pesar de la reciente masacre sucedida en las cárceles del país, suscitadas en febrero de 2021, con más de 79 personas privadas de libertad asesinadas, se evidencia que las medidas y correctivos que se habrían aplicado por las autoridades competentes, no han sido suficientes para evitar que se repitan los incidentes intracarcelarios, en los que se han utilizado armas de fuego por parte de las personas privadas de libertad que son parte de las distintas bandas que se encuentran en los centros de privación de libertad.
De las estadísticas proporcionadas por el SNAI y el seguimiento a las alertas presentadas en varios medios de comunicación, se observa con preocupación el incremento progresivo de fallecimientos de las personas privadas de libertad al interior de los centros, así desde 2014 hasta 2021, se han presentado 503 fallecimientos por muerte natural, 200 fallecimientos por muerte intracarcelaria, 52 fallecimientos por suicidio y 6 por muerte accidental, muertes que se presentan en un contexto de custodia, donde el Estado tiene el control sobre la vida y seguridad de las personas, siendo el garante de la protección de sus derechos.
Sobre esta grave problemática, la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, ha alertado constantemente sobre los incidentes de violencia, el continuo ingreso de sustancias psicotrópicas y armas de grueso calibre y demás problemáticas estructurales existentes en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Hemos insistido en varias ocasiones a las autoridades gubernamentales que se adopten medidas que fortalezcan al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, dirigidas a garantizar los recursos necesarios para la generación de políticas públicas, con planes de acción para su implementación en el corto, mediano y largo plazo; así también, hemos alertado sobre la necesidad de generar estrategias dirigidas a la prevención del delito, mejoramiento de las condiciones de privación de libertad relacionadas con la habitabilidad, implementación de los ejes de tratamiento, reducción del hacinamiento, fortalecimiento de la seguridad y reinserción social.
Cabe recordar que la Constitución de la República, en su artículo 35, reconoce a las personas privadas de libertad como parte de los grupos de atención prioritaria, debido a las limitaciones propias de su condición jurídica al estar bajo la total custodia y protección del Estado. De igual forma, es pertinente recordar que en instrumentos internacionales de derechos humanos, como los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008), se establece que “.., se adoptarán medidas apropiadas y eficaces para prevenir todo tipo de violencia entre las personas privadas de libertad, y entre éstas y el personal de los establecimientos”.
Por ello, como Institución Nacional de Derechos Humanos instamos a las autoridades competentes a realizar una investigación judicial exhaustiva y expedita de los acontecimientos suscitados, a fin de determinar a las personas responsables directas de las muertes y lesiones; exigimos, además, la instauración de una profunda investigación de los órganos competentes, sobre las prácticas y mecanismos ilegales que permiten el ingreso constante de todo tipo de objetos y sustancias prohibidas a los centros de privación de libertad del país, cuyo manejo y comercialización al interior de los establecimientos penitenciarios, genera la mayor parte de los recurrentes actos de violencia.
Resulta indispensable recordar que, como se ha venido insistiendo a través de las múltiples recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, es necesario que el Estado ecuatoriano garantice los recursos materiales y humanos suficientes al Sistema Nacional de Rehabilitación Social, a fin de superar o, al menos aminorar de alguna forma, las graves condiciones de hacinamiento, sanitarias, de infraestructura, falta de personal técnico especializado para la implementación de los ejes de tratamiento y fortalecimiento de la seguridad, entre otras, en las que se desenvuelven los distintos centros carcelarios del país; ya que sin políticas de atención integral dirigidas a una verdadera rehabilitación y reinserción social para este grupo poblacional, actos como los sucedidos, se repetirán de forma inexorable.
Abg. Zaida Rovira Jurado
Defensora del Pueblo de Ecuador (s)
Descargue el pronunciamiento a continuación