Como Institución Nacional de Derechos Humanos, en cumplimiento de la tutela y protección de los derechos de las y los habitantes de Ecuador, nos encontramos monitoreando, permanentemente, la situación de los derechos humanos en el país a nivel general y en el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
Del mencionado monitoreo, la Defensoría del Pueblo manifiesta su preocupación por el incremento de contagios por COVID-19, a escala nacional, y la confirmación de la transmisión comunitaria de variantes más peligrosas como la de Reino Unido b.1.1.7 y la brasileña P.1., mucho más alarmante en el momento de mayor intensidad de la pandemia a escala mundial.
De la poca información, a escala país, con la que se cuenta existe un promedio de 1 965 contagios diarios y más de 17 000 decesos confirmados. De la misma forma, se ha alertado por varios sectores como el gremio médico que, la demanda de hospitalización y terapia intensiva en todo el territorio nacional alcanza alrededor del 135 %, situación incontrolable para un sistema de salud que no ha sido fortalecido durante la pandemia.
Al respecto, la institución ha expresado las preocupaciones sobre la falta de disponibilidad de camas en las Unidades de Cuidado Intensivos (UCI), las largas listas de espera para el ingreso a esa unidad, como para recibir atención médica en todo el país; de igual manera, se ha solicitado al Gobierno Nacional que los hospitales y clínicas privadas, a escala nacional, sean de uso y servicio público mediante una declaratoria, así como el control ante el alto y diverso costo de las pruebas para la detección de la COVID-19 de los medicamentos para atender la enfermedad y la necesidad de que se regulen los techos de los precios.
El monitoreo realizado evidencia que, a escala nacional, con especial énfasis en la ciudad de Quito, el nivel de contagio de la COVID-19 sigue en constante ascenso, pese a cada una de las medidas adoptadas por el COE Nacional y los respectivos COE cantonales, es así que el incremento de los contagios pone en riesgo el derecho a la vida y el acceso a la salud que deben garantizarse de acuerdo a lo que determina la Constitución de la República (artículos 3, 32, 66 numeral 1 CRE). Asimismo, se evidencia que el plan de vacunación ha sido inefectivo para controlar la pandemia.
Es importante señalar que en el país, durante toda la pandemia, no se ha logrado realizar la vigilancia epidemiológica, debido a los altos costos de las pruebas para la detección de la COVID-19 y a que el Gobierno Nacional no ha garantizado el acceso a las mismas, de igual manera, el control del acceso al país no han dado los resultados esperados y ya hay casos detectados con las nuevas cepas conocidas por su alto nivel de contagio y letalidad.
Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo EXHORTA al COE Nacional y al Gobierno Nacional:
1. A que se dicte el estado de excepción y se apliquen las medidas administrativas, jurídicas, fiscales y económicas para que los cantones y provincias más afectados entren a un aislamiento general obligatorio de, al menos 15 días, en los cantones en donde los contagios han puesto en colapso el sistema de salud, hasta que se reduzca el contagio comunitario y disminuya la demanda y carga que atraviesa el sistema de salud.
2. A prevenir el contagio del virus en niños, niñas y adolescentes, ya que el país no cuenta con toda la infraestructura necesaria para su atención adecuada y oportuna.
3. A tomar en cuenta el bajo porcentaje de la población que ha sido vacunada, unido a las aglomeraciones que existen en el país, y sumada a la limitada capacidad de atención hospitalaria.
4. A cumplir las obligaciones de salvaguardar el derecho a la salud y la vida de todas las personas que habitan el país y a cumplir el control adecuado de la pandemia en nuestro territorio nacional.
Finalmente, la Institución Nacional de Derechos humanos, RECOMIENDA a las y los habitantes del país a cumplir todas las medidas de bioseguidad, a evitar aglomeraciones, reuniones de todo tipo, a aplicar las debidas precauciones para salvaguardar su salud, su vida y la de sus familias y a actuar con responsabilidad ante la emergencia sanitaria que vive el país.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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