La Institución Nacional Derechos Humanos, consciente de que para enfrentar la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se deben tomar medidas que afectarán la situación económica del país, exhorta:
– Al Ministerio de Finanzas y al Banco Central del Ecuador, a que tomen oportunamente decisiones adecuadas para evitar la falta de liquidez en el sistema financiero público, popular y solidario y privado. Estas deberán considerar el principio de solidaridad entre el Estado y los actores del sistema y, además, ajustarse a lo estipulado en los artículos 308 y 309 de la Constitución de la República, en especial, a que se evalúe la disminución de la tasa de interés a través de una reforma urgente de la normativa aplicable y los requisitos para el acceso a créditos productivos destinados al emprendimiento, la pequeña y la mediana empresa.
– Al Gobierno Nacional, a que garantice el pago de la remuneración mensual de todas y todos los servidores públicos, sin importar su modalidad de trabajo o tipo de contrato. Además, que se ejecuten los controles necesarios para que las entidades del sector privado cumplan puntualmente esta obligación.
– A las autoridades competentes en el ramo, a que de forma sensible y realista se considere generar facilidades de pago (suspensión o renegociación para un período razonable) en los préstamos de consumo productivo, educativo e hipotecarios, incluyendo las relativas al sistema de tarjetas de crédito, de las personas que justifiquen un ingreso mensual igual o menor a 2500 USD, que no tengan relación de dependencia y que demuestren una disminución sustancial en su ingreso durante el periodo comprendido entre el 12 de marzo y el 5 de abril. En este sentido, se debería suspender el reporte al buró de crédito para no afectar la información crediticia de las y los beneficiarios.
– Al Ministerio de Turismo a que, de manera urgente, se tomen todas las medidas adecuadas para que, al finalizar la emergencia, se dinamice el sector turístico que ha sido afectado por las decisiones gubernamentales a través de acciones necesarias como incentivos económicos, ferias nacionales e internacionales u otras que lo promuevan y potencien.
– Al Gobierno Nacional a través de sus entidades competentes, a implementar un protocolo de atención urgente para las personas connacionales que se encuentran en el exterior y que enfrentan conflictos para su retorno, así como la prolongación no prevista de estadía debido a las restricciones impuestas por el Ecuador y/o países extranjeros en relación a la crisis sanitaria del COVID-19.
Es responsabilidad las y los ecuatorianos, sector empresarial y bancario, Gobierno e instituciones públicas y privadas, aunar esfuerzos para salir de la emergencia con la mayor agilidad, respetando los derechos de todos y todas.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
Descargue el pronunciamiento a continuación