Desde hace 17 años, alrededor de 140 comunidades ubicadas en los cantones Chillanes y San Miguel de la provincia de Bolívar, exigien al Estado ecuatoriano que se garantice y se respete sus derechos humanos y de la naturaleza vulnerados por la construcción de la hidroeléctrica de propiedad de la empresa Hidrotambo S.A. sin considerar los derechos de las comunidades y del río Dulcepamba.
Una exigencia que surge a raíz de la autorización que emitiera la Autoridad Única del Agua al proyecto hidroeléctrico de la empresa y que fue apelada por 510 accionantes, por considerar que incurría en las causales de acaparamiento de agua, violaciones al debido proceso, falta de citaciones, de publicidad, de consulta previa y de estudios técnicos rigurosos que determinen la necesidad de agua, su prelación y acaparamiento.
La Autoridad Nacional del Agua reconoció estas vulneraciones el 7 de octubre de 2019 y resolvió a favor de las comunidades, a través de un Recurso Extraordinario de Revisión Nro. 2018-008.
Desde entonces, las comunidades afectadas, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en el marco de sus competencias, solicitaron a la autoridad ambiental que se ejecute la resolución administrativa. Sin embargo, la empresa Hidrotambo S.A. el 19 de noviembre del 2021 presentó una acción de protección en contra del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica por la resolución adoptada el 2019, que fue aceptada por una jueza de primera instancia el 8 de diciembre del 2021, dejando sin efecto la resolución administrativa.
Esta sentencia, afecta directamente derechos humanos y ambientales de 3.109 personas y derechos de la naturaleza, pues la empresa puede seguir acaparando el agua en detrimento del uso de las familias para la subsistencia y la obra de infraestructura sigue poniendo en riesgo la vida y seguridad de las personas que viven en la cuenca del río y pone en riesgo el derecho del propio río Dulcepamba a existir.
La Defensoría del Pueblo, junto a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, desde el 2019 han exigido ante jueces y cortes provinciales que se garanticen los derechos y se dispongan medidas de reparación integral frente a las afectaciones materiales e inmateriales de la hidroeléctrica, pues se deja claro que las instituciones no controlaron ni regularon las actividades que realizó la compañía Hidrotambo, dejando desprotegidos los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos del río Dulcepamba, y la integridad física y el acceso legal al agua de algunas comunidades.
Una de esas afectaciones se evidenció en marzo de 2015, cuando por la desviación del río Dulcepamba por parte de Hidrotambo S.A. provocó la destrucción de varias viviendas, la pérdida de sembríos y fallecieron tres personas, lo que ha generado graves violaciones de derechos humanos a personas que hoy siguen exigiendo justicia y reparación.
La Institución Nacional de Derechos Humanos de Ecuador insta a los jueces y magistrados que conocen este caso, en particular a los Jueces y juezas de la Sala de la Corte Provincial de Tungurahua, a actuar de manera imparcial y apegados a derecho para subsanar los errores cometidos por la jueza de primera instancia.
El rol de la INDH será vigilar el debido proceso, por lo que actuará en el marco de sus competencias y advertirá a las autoridades competentes cualquier irregularidad.
Defensoría del Pueblo de Ecuador
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