La Asamblea Nacional, dentro del tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, decidió ratificar las atribuciones de la Defensoría del Pueblo de Ecuador como el órgano rector del control y cumplimiento del derecho al acceso a la información pública, así como la capacidad sancionadora en caso de incumplimiento de la norma.
Como antecedente, es importante destacar que fue el 28 de septiembre de 2020 que la Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó al presidente y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de aquel entonces, César Litardo y César Solórzano, respectivamente, el proyecto de ley sustitutiva a la LOTAIP.
El proyecto de ley fue el resultado de un amplio proceso colectivo de co-creación que llevó alrededor de un año, construido con la participación de numerosos representantes de la sociedad civil organizada, universidades y personas expertas en la materia, a escala nacional e internacional, quienes aportaron con su valioso conocimiento y buenas prácticas. Este proceso fue liderado por la Defensoría del Pueblo en conjunto con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo en Ecuador de Transparencia Internacional.
El objetivo fue instrumentalizar, a través de un cuerpo legal, el derecho de acceso a la información pública que comprende el buscar, acceder, solicitar, recibir, investigar, analizar, difundir, reprocesar, reutilizar y redistribuir información. Sobre esa base, la Asamblea Nacional aprobó con más de las dos terceras partes, el martes 31 de enero de 2023, la ley sustitutiva a la LOTAIP, toda vez que la información producida, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados tiene que ser pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones establecidos en la normativa legal.
A partir de estas consideraciones, se enfatiza la transparencia activa y pasiva, la importancia de las nuevas tecnologías de información y comunicación, los datos abiertos, la innovación pública, la participación, colaboración ciudadana, la facilitación del ejercicio del derecho al acceso a la información pública, entre otras.
Esta nueva versión de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública se fundamenta en la Ley Modelo Interamericana 2.0 sobre Acceso a la Información Pública emitida por la Organización de Estados Americanos OEA en 2020, que promueve el incremento de los niveles de transparencia y la lucha efectiva contra la corrupción, la competencia abierta, las inversiones y el crecimiento económico, genera la confianza de la población en sus instituciones democráticas, y empodera a las personas, particularmente aquellos sectores que están en situación de vulnerabilidad, permitiéndoles obtener un adecuado conocimiento de los medios a su alcance para mejorar sus niveles de vida y tener mejores oportunidades de participar del bienestar colectivo.
En la actualidad existe un catastro de 1716 instituciones públicas y privadas que reciben fondos públicos y que están obligadas a transparentar la información sobre el manejo de dichos recursos del Estado. Dentro del monitoreo y control que la Defensoría del Pueblo realizó durante el 2021, se destaca que de un total de 1713 entidades (catastradas a ese año) cumplieron con la información ingresada al sistema 1516, es decir, el 88,50%; 197 instituciones no cumplieron, lo que equivale al 11,50%.
Adicionalmente, vale la pena señalar que, de las 1593 instituciones públicas, 1439 cumplieron, o sea, el 90,33%, mientras que 154 entidades no lo hicieron, es decir, el 9,67%. En tanto que, de las 120 instituciones privadas, 77 cumplieron, lo que equivale al 64,17%, y 43 entidades no lo hicieron, es decir, el 35,83%.
Datos que dan cuenta de la importancia de mejorar las prácticas de transparencia como un ejercicio que posibilite el combate a la corrupción; para el efecto, a partir de las reformas aprobadas a la LOTAIP, se crean herramientas que procuran proteger, respetar, promover y garantizar la información pública con enfoques de derechos humanos, género, intergeneracional e intercultural, como particular y prioritaria observación.
Se trata entonces, de una normativa que plantea consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, a partir del ejercicio de los derechos contemplados en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales de los que el Ecuador es suscriptor, en torno al derecho al acceso a la información pública.