Este viernes, a las 10h30, se entrega informe defensorial junto a activistas de derechos de las personas con VIH.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador realizará la entrega del noveno informe de Seguimiento de Cumplimiento de la Sentencia No. 364-16-SEP-CC, expedida por la Corte Constitucional (CC) en referencia al caso No. 1470-14-EP, para aprovisionamiento de la medicación necesaria y suficiente para las personas que viven con VIH en el país.
Este viernes 26 de noviembre de 2021, a las 10h30, la directora nacional del Mecanismo de Protección de los Derechos de las Personas Trabajadoras y Jubiladas de la DPE, Mery Tadeo Gonzalón, acudirá a la Corte Constitucional del Ecuador para realizar la entrega de dicho informe defensorial, ya que por sentencia de la máxima entidad constitucional del país debe realizar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia del mencionado caso.
La preocupación de la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador se fundamenta en que tanto en los reportes de los medios de comunicación como en las visitas realizadas ‘in situ’ por la DPE, se evidencia un total desabastecimiento de medicamentos antiretrovirales en los hospitales y unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ante lo cual se ha preparado este nuevo informe de seguimiento al cumplimiento de la mencionada sentencia.
La Defensoría del Pueblo acudirá acompañada por las/os activistas de derechos de las personas con VIH, las organizaciones de defensa de derechos de las personas que viven con VIH y, sobre todo, las personas vulneradas en sus derechos por la actual falta de medicamentos antirretrovirales en el Sistema de Salud del Ecuador. En este sentido, los Informes Defensoriales son una herramienta importante para generar acciones de incidencia y exigibilidad de derechos en favor de este grupo de atención prioritaria en el territorio ecuatoriano.
Ante la difícil situación que viven las personas con VIH en el país, la Defensoría del Pueblo busca generar las acciones necesarias y pertinentes para tutelar sus derechos, que se cumpla la sentencia dada por la CC y sensibilizar a autoridades y actores sociales claves, a fin de que se respeten sus derechos y se entregue la medicación requerida para atender su apremiante situación de salud.