La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresa su rechazo firme a las acciones de intimidación, amenaza y descrédito de las cuales ha sido víctima la ciudadana Jessica Jaramillo, interpelante en el proceso de destitución del alcalde de Quito, Jorge Yunda.
Se ha recibido información sobre ataques directos recibidos por la denunciante a través de medios de comunicación, en especial, redes sociales y cartas públicas, en las cuales se hace alusión a su condición de mujer y de exfuncionaria pública, con el objetivo de restringir su accionar político ejercido en el marco del derecho de participación y control ciudadano.
En este contexto, es fundamental insistir en que la Convención Belem Do Pará reconoce que “toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”.
Como parte de este instrumento internacional suscrito por Ecuador, el Mecanismo de Seguimiento a la Convención Belém Do Pará (MESECVI), en 2015, impulsó la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las mujeres, donde reconoce que la violencia simbólica ejercida en la esfera política afecta el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Así mismo, en Ecuador, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, reconoce en su artículo 10 literal f) a la violencia política como un tipo de violencia y la define como aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia.
Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
Por lo expuesto, exhortamos al alcalde del Distrito Metropolitano de Quito y otras autoridades del GAD a no ejercer acciones de intimidación, amenazas o coacción a la ciudadana Jessica Jaramillo y, por el contrario, generar un entorno propicio y de diálogo que permita la participación política plena de la ciudadanía en los procesos de control político y público llevados a cabo en la capital.
Abg. Zaida Rovira Jurado
Defensora del Pueblo de Ecuador (s)
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