La Defensoría del Pueblo de Ecuador ante la posición del Estado ecuatoriano en la audiencia de la CIDH sobre las Medidas Cautelares 309/18 respecto del secuestro del Equipo Periodístico de Diario el Comercio.
La Defensoría del Pueblo del Ecuador, como Institución Nacional de Derechos Humanos, expresa su preocupación frente a la posición presentada por las autoridades estatales del Ecuador que participaron en la audiencia ante la CIDH realizada el jueves 6 de diciembre de 2018, la cual trató sobre las medidas cautelares 309/18 emitidas como consecuencia del secuestro de Efraín Segarra, Paúl Rivas Bravo, Javier Ortega Reyes, miembros del equipo de Diario El Comercio y sobre la implementación del mecanismo del Equipo de Seguimiento Especial (ESE).
Si bien el Estado ecuatoriano fue quien, ante los lamentables sucesos ocurridos con el equipo periodístico de Diario El Comercio, solicitó la intervención de la CIDH y la creación del ESE, llama la atención las aseveraciones expresadas por el Procurador General en las que indicó que el Estado ecuatoriano no aceptaría que se realice un peritaje en zona de frontera, pues no se ajustaría al mandato del ESE y no formaría parte del plan de trabajo original.
De igual manera, el funcionario ecuatoriano afirmó que la misión del ESE deberá terminar el 31 de diciembre de 2018, por lo que solicitó la conclusión de sus labores y entrega del informe final. El Procurador General del Estado además solicitó que se levante y archive las medidas cautelares emitidas por la CIDH, por cuanto el Estado ecuatoriano habría cumplido con ellas.
Por otra parte, llama la atención también la afirmación realizada por el funcionario ecuatoriano, al sostener que el secuestro del equipo periodístico habría tenido lugar en Colombia, sin que hasta el momento existan pruebas concluyentes de lo afirmado.
El Relator para la Libertad Expresión de la CIDH, Edison Lanza, ante estas afirmaciones realizadas por el Estado ecuatoriano tuvo que precisar la información, aclarando que el peritaje en frontera sería sobre seguridad de periodistas en zonas de riesgo lo cual habría sido previsto dentro del programa del ESE; llamó la atención sobre agotar las líneas de investigación para esclarecer los hechos antes de realizar afirmaciones relacionadas con el lugar del secuestro e indicó que el retraso en el inicio funcionamiento del ESE se debió a la demora en el envío de los fondos por parte del Estado ecuatoriano y a las limitaciones y falta de claridad en las vías para acceder a la información.
Ante esta posición del Estado ecuatoriano, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, reconoce y valora el trabajo que ha venido realizando el ESE y considera que el mismo debe mantenerse como una garantía para avanzar hacia la concreción de los derechos a la verdad, justicia y no repetición de estos hechos, que son un imperativos para los familiares del equipo periodístico, los periodistas del país y la sociedad ecuatoriana. Por ello, exhorta públicamente a las entidades estatales ecuatorianas competentes a fin de que en cumplimiento del deber de prevenir, proteger e investigar las violaciones de derechos humanos:
a) Permitan la realización de todas las acciones previstas por el ESE con la finalidad de que cumpla de manera efectiva con su plan de trabajo, lo cual, comprende el peritaje en Frontera Norte respecto de la seguridad para el ejercicio periodístico.
b) Consideren la ampliación del tiempo previsto de operación del ESE hasta que se hayan realizado todas las acciones previstas en su plan de trabajo, tomando en cuenta las dificultades para el inicio de su funcionamiento expresadas por el Relator para la Libertad de Expresión.
c) Revisen la decisión de solicitar el levantamiento y archivo de las medidas cautelares a la CIDH dado que hasta el momento no se ha llegado a información concluyente ni acciones concretas que garanticen los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.
d) Continuar con la investigación de los hechos sucedidos en la frontera norte vinculados al secuestro, cautiverio y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra a fin de identificar y sancionar a los responsables y reparar integralmente a sus familiares.
Si bien estos lamentables sucesos tuvieron lugar en contextos complejos, la Defensoría del Pueblo del Ecuador, insta a las autoridades estatales tanto del Ecuador y anima a las de Colombia a continuar brindado el apoyo y las facilidades necesarias para que la CIDH, a través del ESE, puedan cumplir con las labores establecidas respecto a este caso y al mismo tiempo exhorta a adoptar medidas estructurales que garanticen la libertad de expresión, la vida e integridad de quienes ejercen el periodismo en el Ecuador.
Gina Benavides
Defensora del Pueblo (e)