La Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos, siendo su papel primordial motivar activamente el respeto y la garantía de los derechos de las y los ciudadana/os; así como proteger a los sujetos más vulnerables.
La violencia es un problema estructural y que, pese a las diversas acciones impulsadas por el Gobierno Nacional, los casos de muerte violenta son recurrentes; siendo indispensable que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpele a todas las funciones del Estado en el cumplimiento de las condiciones y garantías que se requieran para ejecutar los planes y acciones tendientes a garantizar la vida y la integridad personal de la sociedad en general.
La Constitución en el Art. 3, numeral 1, determina que uno de los deberes primordiales del Estado es “Garantizar sin discriminación el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales (…)” considerando que, el Art. 11, numeral 3 del de la máxima norma nacional señala que “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”
Así mismo, la Constitución de la República en el Art. 11, numeral 1, obliga a las autoridades, en su conjunto, a garantizar los derechos de todos y todas; siendo esta una responsabilidad sine qua non para el Estado ecuatoriano.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE), como Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), y al amparo de lo establecido en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la DPE en el marco de sus competencias, condena enfáticamente el asesinato del director del CPPL Masculino Pichincha No. 1, ocurrido este 01 de diciembre de 2022, en el sector de Gualo, de la ciudad de Quito; el cual se suma a la ola de hechos de violencia y criminalidad que vive el país en los últimos años; ante ello, EXHORTA:
Al Gobierno Nacional, al SNAI, a las autoridades judiciales y de seguridad, que en el marco de sus competencias constitucionales cumplan de manera permanente con acciones, que indiscutiblemente deben observar un enfoque de derechos humanos, que garanticen la integridad personal y una vida libre de violencias para los/as habitantes en el territorio nacional, primordialmente:
– Realizar las investigaciones correspondientes sobre este crimen cometido contra un funcionario público, perteneciente al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores; a fin de esclarecer los hechos y sancionar a los autores materiales e intelectuales, bajo los principios de inmediación y celeridad.
– Tomar las medidas necesarias que garanticen a los/as funcionarios/as públicos, especialmente aquellos que laboran en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social y operadores de justicia, a que puedan desarrollar sus funciones en un ambiente de seguridad, precautelando su integridad física.
– Activar los mecanismos de inteligencia penitenciaria y del Estado en general, a fin de elaborar los correspondientes perfiles de riesgo de los/as funcionarios/as públicos; previniendo nuevos atentados contra su vida, y permitiéndoles ejercer sus atribuciones de manera segura.
A fin de evitar la impunidad, que sólo garantiza la repetición de los hechos, es necesario establecer y promover la efectiva implementación de políticas públicas que permitan tener y mantener un sistema funcional para prevenir y erradicar los casos de violencia, que de manera alarmante causan pánico y ponen en riesgo la seguridad y la paz en todo el país.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador, conforme las razones y requerimientos a otras instituciones del Estado para el cumplimiento del respeto a los derechos y de sus funciones, en el marco de sus competencias y atribuciones y conforme el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se encuentra vigilante del proceso y las diversas acciones que se implementen.
Dr. César Córdova Valverde
DEFENSOR DEL PUEBLO DE ECUADOR (E)
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