Organizaciones de mujeres y defensores de derechos humanos en el mundo entero, desde 1981 promovieron al 25 de noviembre como un día de protesta contra la violencia que sufre la mujer. Esta fecha fue elegida en conmemoración al asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de República Dominicana, bajo el régimen de Rafael Trujillo (1930-1961).
Es así que la Asamblea General de Naciones Unidas, el 17 de diciembre de 1999, estableció como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al 25 de noviembre de cada año; bajo el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes en la vida social y cultural en diversos contextos.
En esa perspectiva, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en su calidad de Institución Nacional de Derechos Humanos, reconoce que el problema de la violencia basada en género es estructural, tiene bases culturales, está enraizada en un esquema social que ha normalizado la violencia y la subordinación de mujeres y niñas, por lo que, considera necesario impulsar acciones a través de una política de Estado clara y eficiente, que dé respuestas de prevención y tutela inmediata con un sistema integral de protección.
Cabe recordar que el Estado ecuatoriano al firmar y ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, asumió el compromiso ético y jurídico de cumplir con las obligaciones internacionales y acoger las recomendaciones de la CEDAW dirigidas a contar con legislación que promueva la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de violencia; garantizar la interculturalidad, la coordinación interinstitucional y comunitaria de un sistema que integre al gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados y garantice los servicios de atención emergente y especializada.
En esa perspectiva, el Proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres en debate en la Asamblea Nacional, debería desarrollar con claridad el rol de las distintas entidades que lo conforman en los ámbitos de la prevención, atención, protección y reparación, así como, los mecanismos de articulación con el ente rector del sistema; y las atribuciones institucionales de las diferentes entidades que lo conformarán en el ámbito nacional y descentralizado, tomando en cuenta las competencias constitucionales y legales correspondientes.
Una ley que pretenda combatir la violencia de género contra la mujer, no debe dejar solamente en el enunciado a la interculturalidad, pues la sola consideración de la diversidad de las relaciones humanas, entre la urbanidad y la ruralidad, añadido a las diferencias étnicas que en el Ecuador se traduce en un complejo entramado de relaciones interculturales, obliga a que un sistema establezca específicamente las acciones de prevención y protección de derechos que respete las culturas y saberes ancestrales propios.
El sistema debería considerar además, por principio de corresponsabilidad, la participación activa de la comunidad, que se traduzca en defensores y defensoras comunitarias debidamente capacitadas, y redes sociales comunitarias que tengan por finalidad la prevención mediante la educación comunitaria, el levantamiento de información de las situaciones de riesgo, y la activación inmediata frente a situaciones de violencia.
Por todo lo antes expuesto, como un homenaje a la lucha contra la violencia de género contra la mujer, el país tiene la obligación de establecer un marco normativo que permita contar con un sistema para prevenir y erradicar los casos de violencia de género, que lamentablemente a diario ocurren en el país, para lo cual, la Asamblea Nacional debe garantizar un amplio y pormenorizado debate que permita alcanzar una Ley de consenso que afronte con seriedad y pertinencia la protección integral de las mujeres, a través de su participación y con el involucramiento de la institucionalidad a lo largo y ancho del país.
Ramiro Rivadeneira Silva
Defensor del Pueblo