La Defensora del Pueblo (s), Abg. Zaida Rovira Jurado, condenó el abominable ataque sexual registrado a una agente policial en el CRS Masculino Cotopaxi Nro. 1, quien cumplía su labor profesional y, presumiblemente, fue violentada por parte de personas privadas de la libertad. En este contexto, la titular subrogante de la Institución Nacional de Derechos Humanos activó a la delegación en Cotopaxi para que personal especializado de protección brinde el acompañamiento necesario y facilite el proceso de prevención para que no se la revictimice. Además, hace un llamado a la Gral. Tania Varela, comandante general de la Policía para coordinar esfuerzos que permitan generar propuestas para que se integren normativas que eviten la repetición de similares hechos violentos, en especial, actos de violencia sexual.
Estos nuevos hechos de violencia extrema ocurridos dentro de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 Guayaquil (Penitenciaría del Litoral), en el CRS Masculino Cotopaxi Nro. 1, así como el primer caso de deceso intramuros de un adolescente en el CAI de Loja, preocupan a la Defensoría del Pueblo, y por esta razón, la Institución Nacional de Derechos Humanos exhorta al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que designe -con el carácter de urgente- al presidente/a del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social, ya que es fundamental que se convoquen a las reuniones periódicas del referido cuerpo colegiado para abordar las problemáticas que aquejan al Sistema Nacional de Rehabilitación Social (SNRS), siendo una prioridad, como política de Estado, su fortalecimiento y resolución de los problemas derivados del hacinamiento y violencia generada en varios centros penitenciarios en el territorio ecuatoriano.
En este sentido, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad tiene la obligación de atender, de forma integral, las problemáticas existentes que agravan las condiciones de vida de las PPL, y que provocan condiciones de inseguridad que afectan tanto a las y los internos, familiares, así como al personal que labora en dichos centros. Es fundamental garantizar la vida e integridad de todas las personas que forman parte del SNRS y que se implementen procesos de educación, integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad, así como promover el ejercicio pleno de sus derechos.
Ante la gravedad de las condiciones de privación de libertad en el territorio ecuatoriano, la Defensoría del Pueblo mantiene su reiterado pedido de implementación de acciones concretas para abordar, integralmente, las problemáticas de los centros de privación de libertad, a través del mejoramiento de la infraestructura, el fortalecimiento de los programas de rehabilitación y reinserción social, y la adecuada separación de las personas privadas de libertad (PPL), contando con personal técnico especializado que apoye en el diagnóstico y tratamiento de las PPL y sus familias.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador se mantendrá vigilante y reitera la urgente promulgación de estrategias para el cabal cumplimiento de los protocolos de seguridad y el control de objetos o sustancias prohibidas dentro los lugares de privación de libertad, con un enfoque de respeto de derechos de las personas privadas de libertad, así como del personal de los centros penitenciarios y de sus familiares.
Abg. Zaida Rovira Jurado
Defensora del Pueblo de Ecuador (s)
Descargue el pronunciamiento a continuación