La Defensoría del Pueblo del Ecuador como Institución Nacional de Derechos Humanos expresa su profunda preocupación frente a los recurrentes actos de violencia que se han dado en el país en los últimos meses, principalmente respecto de los hechos suscitados en la madrugada del 14 de febrero de 2022 en el Puente Peatonal del ingreso a la ciudad de Durán, Provincia del Guayas, donde se hallaron dos cadáveres atados de manos y pies.
Los lamentables hechos que se han incrementado desde enero de 2022 de manera sostenida con la pérdida de vidas humanas socavan la autoridad del Estado y el Estado de Derecho; igualmente, afectan a las actividades económicas, abonan en el incremento de los índices de violencia y generan un estado de intranquilidad permanente, lo que implica una afectación a la calidad de vida de la población.
La violencia o la amenaza de ella es uno de los elementos característicos del crimen organizado y en nuestro país, en los últimos años, se observa un incremento de delitos violentos, vinculados a estos sectores. Por esta razón es de suma importancia el rol del Estado para contrarrestar este tipo de prácticas.
En su informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a los Estados Parte de la Organización de los Estados Americanos a modificar las políticas públicas sobre seguridad ciudadana a través de planes y programas de prevención y señaló:
“La CIDH señala en su informe que la seguridad ciudadana debe ser concebida como una política pública, entendiendo ésta como los lineamientos o cursos de acción que definen las autoridades de los Estados para alcanzar un objetivo determinado, y que contribuyen a crear o a transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades de las personas y los grupos que integran la sociedad.
Una política pública no puede comprenderse cabalmente sin una referencia concreta a los derechos humanos. Las políticas públicas tienen como objetivo hacer que éstos se concreten en los planos normativo y operativo, así como en las prácticas de las instituciones y de los agentes estatales.
El diseño, la implementación y la evaluación de las políticas sobre seguridad ciudadana en la región tienen que estar definidos, además, por el encuadre que proporcionan los principios internacionales de derechos humanos, en especial, los principios de participación, rendición de cuentas, y no discriminación.
La CIDH reitera que una política pública de seguridad ciudadana debe ocuparse de las diferentes dimensiones de los problemas que originan la criminalidad y la violencia; por lo tanto, es necesario que sus intervenciones conduzcan a su abordaje integral.[1]”
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que promueve las sociedades justas, pacíficas e inclusivas, se adoptó por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en el contexto de la Agenda 2030. Entre las metas relacionadas con la inseguridad ciudadana están las siguientes:
“16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.
16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada.”
Por lo antes referido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador hace un llamado al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes a fin de frenar estos actos de extrema violencia que ponen en riesgo la integridad de quienes habitan y transitan en el Ecuador, y estaremos vigilantes de las acciones que adopten las autoridades correspondientes.
Ratificamos nuestro compromiso de trabajar a favor del pleno ejercicio de los derechos humanos y de una cultura de paz en el Ecuador; así como a activar los Mecanismos correspondientes con el objetivo de proteger y tutelar los derechos humanos.
Defensoría del Pueblo de Ecuador
[1] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25279.pdf