Como es de conocimiento general, en octubre del año pasado, Ecuador vivió un levantamiento popular como respuesta al anuncio de medidas económicas dispuestas por el Gobierno nacional.
En ese contexto se culpó a radio Pichincha Universal, como instigadora de la violencia en las manifestaciones ciudadanas, y su señal fue suspendida durante 19 días a través de una sanción administrativa dispuesta por la Agencia de Regulación y Control de las Comunicaciones (ARCOTEL).
El 25 de octubre de 2019, el juez Mario Cadena, aceptó una acción de protección a favor de radio Pichincha Universal y ordenó la restitución de la señal. Posteriormente, el 22 de enero de 2020, ARCOTEL dispuso la extinción del título habilitante del medio radial, lo que, en la práctica, significaba su salida del aire. Sobre esta decisión, la justicia otorgó medidas cautelares que permitieron su reapertura. Sin embargo, en los últimos meses y, en incumplimiento de la decisión del juez, la radio ha reportado haber sufrido más de dos mil ataques y 262 denuncias por parte del Gobierno. En el lapso de un año, el medio ha sido suspendido en tres ocasiones.
El 18 de agosto de 2020, radio Pichincha Universal informó que la acción de protección presentada en contra de las decisiones de ARCOTEL fue revocada. Esta acción, que ha tardado 10 meses -violentando el plazo máximo de 20 días otorgado para resolver la apelación-, a criterio de la Defensoría del Pueblo, un serio atropello al debido proceso, a la libertad de expresión, que atenta, además, contra los derechos laborales de las y los trabajadores de la radio y sus familias, quienes dependen de este medio de comunicación para su supervivencia.
Dado que el estado de excepción de octubre no restringió el derecho a la comunicación ni a la libertad de expresión, no cabía sanciones por la publicación de información de interés público, por lo que, la disposición de ARCOTEL trasgrede lo establecido en varios instrumentos internacionales ratificados por el país, como son, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH o la Declaración de Chapultepec que, en su preámbulo expresa que: “solo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre”.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto a este caso, oportunamente, señaló que la Convención Americana impide al Estado suspender preventivamente la transmisión de medios de comunicación, a menos que, respetando garantías del debido proceso, se pruebe la promoción de actos violentos y que, la imposición de cadenas oficiales a medios sea legítimo, en momentos críticos, pero por un tiempo indeterminado es una medida desproporcionada.
Por ello, la Defensoría del Pueblo, amparada en las facultades establecidas en el artículo 215 de la Constitución y artículo 6 de su Ley Orgánica, ALERTA a los órganos competentes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, y la comunidad internacional en general, sobre la posibilidad de que, con este caso, se vulnere el derecho a la libertad de expresión y el debido proceso en Ecuador.
Se EXHORTA, además, al Presidente de la República y demás autoridades del Gobierno nacional, a que se ratifique sobre los reiterados anuncios respecto a su compromiso por el absoluto respeto a la libertad de expresión de todas y todos los ciudadanos y de los medios de comunicación, sin importar cuál sea su formato, audiencia o línea editorial y, sobre todo, acerca de su convicción de que “solo una prensa libre garantiza la democracia que vive Ecuador”.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
Descargue el pronunciamiento a continuación