La Institución Nacional de Derechos Humanos rechaza el cierre del proyecto emblemático de los 880 INFOCENTROS distribuidos a escala nacional, lo cual es una clara regresión de los derechos del buen vivir. En este sentido, y al no cumplir aun a cabalidad los objetivos para los que fue creado este proyecto, la decisión respondería a una arbitrariedad porque no solo afecta el acceso a los derechos de las, aproximadamente, 4,2 millones de personas que usan este servicio anualmente, sino también de las 1.200 personas que trabajan en estos espacios.
Bajo la argumentación de que esta medida se ha decidido para afrontar la emergencia sanitaria, el Ministerio de Telecomunicaciones, MINTEL, y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT EP, pretenden cerrar estos espacios comunitarios. La comunidad ha expresado su preocupación ante las declaraciones vertidas por la Gerente General de CNT EP y recogidas por el medio de comunicación radio La Calle, el 06 de febrero de 2020, además del oficio Nro. MINTEL-SID-2020-0009-O de fecha 12 de marzo de 2020, de la Subsecretaría de Inclusión Digital.
La Defensoría del Pueblo le recuerda al Estado que vivimos en una sociedad donde las tecnologías tienen un espacio fundamental en las vidas de las personas. La relación entre TIC, derechos humanos y desarrollo genera dos escenarios: en un primer momento, las tecnologías dan lugar a un nuevo espacio público global que es el ciberespacio, donde los derechos han habilitado nuevas formas de ejercicio y goce; en el segundo escenario, el derecho a la comunicación e información y el derecho al acceso al ciberespacio, en su indivisibilidad e interdependencia, son condición para su ejercicio y defensa.
En este contexto, los INFOCENTROS, en algunos rincones del país, se han convertido en el complemento de 5.000 escuelas y colegios que no cuentan con acceso a centros de cómputo, siendo lugares donde se imparten clases sobre TIC y las y los docentes y estudiantes ejercen su derecho a la comunicación e información. Además, han servido para que las personas accedan a los servicios ciudadanos que brinda el Estado.
A escala nacional, una de cada 10 personas entre 15 y 49 años, es analfabeta digital (11,5%), es decir, no tiene un celular activado y no ha usado computadora ni internet. El 54,1% de personas, a escala nacional, usa internet en su hogar. En el área urbana, el mayor porcentaje de la población utiliza internet en el hogar, lo que corresponde al 59,5%, mientras el mayor porcentaje de la población del área rural lo usa en centros de acceso público, registrándose un 36,8%.
Con estos antecedentes, la Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a no cerrar los INFOCENTROS, porque esta decisión constituiría una política de regresión de derechos, cuando se ha determinado que estos espacios garantizan el acceso a la información por medio de las plataformas de internet y permiten el relacionamiento social, desde la modalidad virtual, entre las personas que habitan en los sectores rurales del país.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
Descargue el pronunciamiento a continuación