El Ministerio de Salud, en el marco de sus competencias, anunció públicamente que el lunes 15 de marzo del presente año, a partir de las 09h00, entraría en vigencia una plataforma digital que permite el registro de personas mayores de 65 años para acceder a la vacuna contra el virus. Sin embargo, varias son las alertas en redes sociales y medios de comunicación, que reportan la imposibilidad del acceso a la referida plataforma, por lo que, la Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a sus atribuciones, se pronuncia:
La Constitución de la República es clara al disponer que “las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial, en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia”. De la misma forma, la referida normativa menciona que, el Estado garantizará “la atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas”, considerando así mismo, “la atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias”. (énfasis añadido)
En concordancia con lo anterior, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores, en su artículo 9 literal b) determina que: “Corresponde al Estado: b) Garantizar el acceso inmediato, permanente y especializado a los servicios del Sistema Nacional de Salud, incluyendo a programas de promoción de un envejecimiento saludable y a la prevención y el tratamiento prioritario de síndromes geriátricos, enfermedades catastróficas y de alta complejidad”. (énfasis añadido)
Es preciso destacar la evidente vulnerabilidad de las personas adultas mayores en el contexto de la pandemia, además, la brecha tecnológica que existe en el marco de las herramientas utilizadas por el Estado para el acceso a los servicios públicos de salud que no integran a la mayoría de las personas pertenecientes a este grupo etario. Por otro lado, observamos con gran preocupación la información que recogen varios medios de comunicación sobre la vacunación de alrededor de 600 personas adultas mayores a través de la coordinación público – privada de instituciones, que podrían vulnerar principios básicos del derecho como la universalidad e igualdad.
Por lo expuesto, la Defensoría del Pueblo EXHORTA al Ministerio de Salud Pública a la implementación de herramientas eficientes, eficaces y accesibles para TODAS las personas adultas mayores garantizando su atención prioritaria y especializada dentro del efectivo goce de sus derechos.
Dr. Freddy Carrión Intriago
Defensor del Pueblo de Ecuador
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