El pasado miércoles 20 de febrero se realizó la audiencia de primera instancia en la que el Juez Eduardo Pazmiño Ortiz del cantón Chillanes negó una acción de protección a la comunidad de San Pablo de Amalí que tiene por objeto reparar los daños causados por el desvío del río provocado por la construcción de la hidroeléctrica Hidrotambo y de esta forma proteger los derechos de la población. Sin embargo, 5 días después de negarse la Garantía Jurisdiccional, las familias de la zona tuvieron que huir nuevamente de sus hogares por el desbordamiento del Río Dulcepamba.
Darwin Paredes, Representante de la comunidad San Pablo de Amalí comentó que entre las 3 y 4 de la madrugada de hoy, martes 26 de febrero, fueron alertados por vecinos de la comunidad, que el Río Dulcepamba nuevamente se había desbordado, llevándose 2 casas del barrio Chontayacu, de la comuna San Pablo de Amalí. Las dos familias que perdieron sus casas han tenido que pedir ayuda y alojarse en otra zona para resguardar su seguridad.
Hasta el momento no han recibido atención ni ayuda de autoridades locales, además se encuentran incomunicados ya que hubo un gran deslizamiento de tierra que impide el acceso al cantón Chillanes y a la parroquia San José de Tambo.
Exhortamos a las instituciones del Estado, en especial a la Gobernación de Bolívar, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonal y provincial, a que presten la asistencia urgente y tomen las acciones necesarias para reparar y evitar daños más graves, ocasionados a las familias afectadas por este suceso. La Defensoría del Pueblo de Ecuador realizará una visita in-situ para verificar la situación y nuevas afectaciones derivadas del desvío del río Dulcepamba.
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