Este jueves 27 de agosto de 2020, se tenía prevista la instalación, en el Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito, la audiencia para resolver la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo para tutelar los derechos de las y los servidores del sector público, exigiendo el pago inmediato de las remuneraciones que se encuentran impagas por parte del Gobierno nacional; sin embargo, el juez Carlos Fuentes decidió suspender esta presentación, argumentando la existencia de más de 500 amicus curiae presentados por personas y organizaciones, a escala nacional, que deben ser analizadas.
La acción de protección de la Defensoría del Pueblo solicita declarar la vulneración del derecho al trabajo con énfasis en el derecho a recibir una remuneración justa y equitativa, a la igualdad y no discriminación, a la dignidad, a la calidad de vida, a la salud, a la seguridad jurídica, a la aplicación directa de la Constitución de la República y de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y solicita la adopción de medidas de reparación integral, principalmente, el pago inmediato de las remuneraciones y, en lo posterior, la cancelación oportuna de los sueldos de las y los servidores públicos.
Ante la suspensión decida por el juez, la Defensoría del Pueblo recuerda que todas las personas tienen derecho a ser escuchadas por la administración de justicia, por lo que, la institución insta a que el análisis de quienes deben participar en la audiencia, se realice en plena garantía y ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos, quienes han realizado múltiples quejas y denuncias por los haberes adeudados.
Se prevé que la audiencia se reanude el próximo martes 1 de septiembre de 2020 en la misma Unidad Judicial norte de la ciudad de Quito, y estará a cargo del mismo juez, quien tiene en sus manos la garantía de los derechos de miles de familias en el país, por lo que, debido a la gran expectativa existente, se demanda al Consejo de la Judicatura para que brinde todas las facilidades logísticas y tecnológicas para garantizar la participación de las y los involucrados.