La Defensoría del Pueblo obtuvo una sentencia favorable ante la acción de protección presentada a favor de las y los trabajadores de los centros de privación de libertad del país y de las personas privadas de libertad, a la que, el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, declaró ayer, la vulneración de los derechos constitucionales a la salud, agua y ambiente sano de este grupo poblacional.
La Defensoría del Pueblo ha emitido, desde el inicio de la emergencia sanitaria, varias comunicaciones, alertas y exhortos a las distintas autoridades involucradas en la temática, a fin de que se busquen las alternativas más convenientes para atenuar, en lo posible, el impacto de la COVID-19 en los centros de privación de libertad, cuando de la información presentada por el Ministerio de Salud Pública, se establece que, hasta junio de 2020, 805 personas privadas de libertad han sido diagnosticadas con el virus, 2.720 están bajo sospecha y 24 han fallecido.
La Defensoría del Pueblo recalca la importancia de la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano frente a las personas bajo su custodia, en este caso, las privadas de libertad, así como de las y los servidores que trabajan en los centros, toda vez que, además, ha sido observado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a su responsabilidad de garantizar los derechos de estas personas, dado que es necesario adecuar las condiciones para que cumplan sus sentencias en forma digna y segura.