El juez de la Unidad Judicial Civil, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Carlos Fuentes, aceptó la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados a las y los servidores públicos del país, declarando la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica.
Como medidas de reparación y de conformidad a lo establecido en la Constitución de Ecuador, se dispuso:
– Que el Presidente de la República, en su calidad de responsable de la administración pública, defina con sus ministros, políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos del país.
– Al Ministro de Finanzas, cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público, tanto de las administraciones centrales como de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
– Que se disponga también el pago de los valores del seguro social obligatorio de las y los servidores públicos.
– Que el Ministro de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones en los primeros cinco días de cada mes a toda la nómina del sector público del país, y que el ministro de trabajo aplique el control efectivo de cumplimiento de esta disposición.
La Defensoría del Pueblo es una institución que vela por los derechos de las y los trabajadores, y se mantendrá vigilante del cumplimiento de la sentencia emitida por el juez.