Gina Benavides, Defensora del Pueblo de Ecuador, junto a sus pares Carlos Negret, Defensor del Pueblo de Colombia; Eugenia Fernán Zegarra, Primera Adjunta al Defensor del Pueblo de Perú; Luis Raúl González, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México; David Tezanos, Defensor del Pueblo de Bolivia; y, Domingos Sávio Dresch de Silveira, Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano Adjunto de Brasil, emitieron una declaración de derechos humanos, en el cierre del foro regional “Desafíos en la Protección de los Derechos de la población venezolana en Movilidad Humana en Latinoamérica”, que se desarrolló en la Universidad Andina “Simón Bolívar”, el 17 y 18 de septiembre.
En la jornada de trabajo de dos días, Benavides señaló que se articularon esfuerzos desde la sociedad civil, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) y de cooperación internacional, con miras a aportar en este proceso que se inició con el análisis situacional en la región, para contar con propuestas frente a la ‘crisis humanitaria’ de la población venezolana en movilidad humana, en la región latinoamericana.
La declaración es una serie de estrategias diseñadas por parte de las organizaciones que estuvieron en el cónclave regional y que se concretan en acciones específicas, que deberían ser asumidas por los estados para garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana.
Entre las recomendaciones, se destacan la de respetar las acciones que las INDH adopten para promover y proteger los derechos de las personas venezolanas, en cada uno de los estados y acoger las recomendaciones que sean formuladas para garantizar el respeto de estos derechos y evitar su vulneración por su forzada movilidad humana, ajustando el diseño e implementación de su normativa interna y política migratoria a los compromisos adquiridos en los convenios ratificados en materia de movilidad humana, asilo, refugio, apátrida, trata y tráfico de migrantes, así como estándares internacionales de protección de derechos humanos.
Además, se recalca en el diseño e implementación de políticas migratorias adecuadas a los contextos de la población venezolana que aseguren su derecho a migrar con dignidad, tanto de su origen tránsito y país de destino. De igual manera, asegurar el acceso a formas de regularización accesible y no incurrir en formas de control migratorio que criminalicen la migración y vulneren los derechos humanos, facilitando los procesos de ingreso y regularización migratoria, adoptando políticas de reducción y exoneración de visas ocultas -en caso de precariedad económica y situaciones especiales de necesidades de protección- tomando en consideración las limitaciones existentes en el país de origen, dificultades de viaje situaciones de pérdida, robo u otro; adoptando medidas de protección en caso de niñas, niños, adolescentes, especialmente los no acompañados que viajan sin documentos, evitando la asociación del documento de identidad o de viaje, con el pasado judicial de cada una de las personas migrantes.
Pidieron considerar la diversidad poblacional del flujo migratorio venezolano, a fin de adoptar medidas de protección específicas dirigidas a cada grupo poblacional, que en un contexto de movilidad pueden presentar condiciones de vulnerabilidad a sus derechos. En concreto, que se adopten medidas eficaces para prevenir que las personas venezolanas en movilidad humana sean víctimas de la trata de personas y el tráfico de migrantes.
Finalmente, que se implementen acciones que promuevan la convivencia social y erradiquen toda forma de discriminación, en especial, contra las personas venezolanas, ajustando el marco de políticas públicas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos a la educación, salud, trabajo y seguridad social, en igualdad de condiciones, entre nacionales y no nacionales, sin exclusión, restricción, explotación o abuso
Las recomendaciones puestas en conocimiento público -mediante rueda de prensa en Quito- por los Defensores y Defensoras del Pueblo de la región serán entregadas a cada uno de los Estados para que puedan reorientar su trabajo y se involucre a las organizaciones de derechos humanos y las entidades correspondientes en cada uno de los estados, en temas de migración, seguridad social, trabajo, salud, en un espacio más coordinado y estratégico para posicionar estas recomendaciones y el documento técnico adjunto a la declaración conjunta de los titulares de las INDH de Ecuador, Colombia, Perú, México, Bolivia y Brasil.