La Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de Francisco Hurtado Caicedo, Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza; y, Paulina Murillo, Adjunta de Consumidores y Usuarios, realizó la entrega de la investigación defensorial, a propósito de la visita in-situ efectuada en dicha localidad, por pedido efectuado por la Mesa de organizaciones de la Isla de Muisne.
El ejercicio de defensa de derechos humanos de territorio y a la vida digna de la población, sobre la base de la prohibición de asentamientos humanos, fue respondida por la comunidad mediante la organización social, organización diversa y mesa de negociaciones, conformando un equipo de defensores y defensoras de derechos humanos, que es plenamente reconocida por la Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador.
En segunda instancia y siendo una grave violación el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales y culturales la resolución No. SGR-073, la Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional, a través del Presidente de la República y la Secretaría de Gestión de Riesgos, derogue inmediatamente dicha resolución que declaró a la Isla de Muisne en riesgo, por ser inconstitucional y sus consecuencias vulnerar los derechos humanos. Adicionalmente, la Presidencia de la República debe pedir “disculpas públicas” y expresas a los pobladores de Muisne, ya que me mentada resolución generó pánico en la población y su trasfondo acarrea una intención al desplazamiento de sus habitantes.
La Defensoría del Pueblo, tras la derogatoria de la resolución, espera que el Estado ecuatoriano garantice el efectivo cumplimiento de las políticas públicas a nivel nacional de salud, educación, empleo de abastecimiento de servicios públicos para todos los habitantes de la Isla de Muisne.
Además, que disponga a los Ministerios y demás instituciones del gobierno central a que las acciones que se realicen en la Isla, sean consultadas con los pobladores ante los posibles riesgos que implique para dicha localidad o sus alrededores, el cual se debe asumir desde el enfoque de derechos humanos y los principios rectores de Naciones Unidas sobre el tema de desplazamientos, que son muy claros en establecer que cualquier política para mitigar el riesgo para adaptarse es partir con una consulta previa a todos los pobladores.
El Adjunto de Derechos Humanos y de la Naturaleza hizo hincapié a los cuatro puntos enunciados y realizó, junto con Paulina Murillo, la entrega formal del pronunciamiento a través del cual se insta al Gobierno Nacional a revocar la resolución, a la Mesa de organizaciones, a través de sus representantes Líder Góngora, Antonio García, entre otros habitantes de la Isla Muisne.
Góngora, representante de la Mesa de Organizaciones de Muisne, agradeció la intervención efectuada por la Defensoría del Pueblo dentro de su competencia, y aspira que el Estado ecuatoriano reconozca los derechos del 90% de habitantes que viven en la Isla y que el Presidente de la República los convoque a un diálogo participativo que conlleve a suspender la resolución de la Secretaría de Riesgos, por carecer de fundamento técnico y científico, y atenta contra la población de Muisne.