El pasado 9 de septiembre de 2019, la Defensoría del Pueblo del Ecuador se presentó como institución acusadora particular en contra de 31 personas dentro del juicio penal por el delito de pesca ilegal en el cantón San Cristóbal de la provincia de Galápagos, frente a lo cual la jueza de la causa, en un procedimiento abreviado, sentenció a los acusados a penas ejemplares y ordenó la reparación integral de la naturaleza como víctima de estos actos delictivos.
La sentencia adoptada determina el cometimiento del delito de pesca ilegal protagonizado por cinco embarcaciones peruanas que realizaban laborales de faenamiento dentro de la Zona Económica Exclusiva y Protegida del Ecuador en las Islas Galápagos, en perjuicio de los derechos de la fauna y flora silvestres, lo cual merece el máximo de la pena de conformidad con el numeral 2 del artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP,) al haber afectado a especies marinas dentro de un área protegida.
En un hecho sin precedentes, la Defensoría del Pueblo se presentó como institución acusadora particular en representación de la naturaleza, al esta ser víctima directa de los actos delictivos mencionados. De acuerdo al numeral 2 del artículo 11 del COIP, la Institución Nacional de Derechos Humanos, habría solicitado la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños causados a la naturaleza, el restablecimiento del derecho lesionado, la satisfacción del derecho violado y cualquier otra forma de reparación adicional en beneficio de los habitantes y la naturaleza de Galápagos, que restituya las afectaciones en la zona por el cometimiento de los delitos ambientales.
En la sentencia se determina que los responsables reviertan los daños ocasionados y presenten las respectivas disculpas públicas, así como la reparación material a través del decomiso y venta de las embarcaciones utilizadas para el cometimiento del delito, y el pago de las indemnizaciones por parte de los autores directos, es decir, de los capitanes y tripulación detenidos, que asciende a aproximadamente USD 1,5 millones, monto que será destinado a la reparación integral de la naturaleza en las Islas Galápagos.
En la sentencia, la Jueza ordenó prisión de cuatro meses para los capitanes de las embarcaciones de bandera peruana, Paloma, Larissa, María Bonita, Ángela y Juan Carlos I.; y, dos meses para la tripulación al ser considerada como cómplice en la afectación de los derechos de conservación de la naturaleza en el cantón San Cristóbal de las Islas Galápagos, que ha sido víctima de estas acciones que ponen en peligro a varias especies marinas protegidas y en peligro de extinción como tiburones y rayas que constan en catálogos internacionales como especies que no pueden ser capturadas.
La Constitución de la República del Ecuador reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, por lo que se debe respetar integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y proceso evolutivos; así como también tiene derecho a la restauración.
La Defensoría del Pueblo permanece vigilante de este proceso y de la audiencia que se llevará a cabo mañana 11 de septiembre de 2019, donde se abordará el caso de una sexta embarcación capturada y acusada por el mismo delito.