Es un hecho, la consulta popular sobre la explotación minera en Quimsacocha se realizará en el cantón Girón el 24 de marzo
El pedido de medidas cautelares realizado por el Ministerio de Energía contra el Consejo Nacional Electoral fue negado por la Jueza de la Unidad Judicial de la Familia de la parroquia La Mariscal – Quito, Ximena Barragán. quien informó a las partes que dicho recurso, planteado por el ministro César Pérez, no se aceptaba y que la consulta popular en el cantón Girón – Azuay podía continuar con normalidad.
Los argumentos presentados en el Amicus Curiae presentado por la Defensoría del Pueblo reflexionaban sobre lo improcedente del pedido ministerial que pretendía suspender la consulta popular que organiza el Consejo Nacional Electoral (Cne) para el próximo 24 de marzo de 2019 para permitir o negar la explotación minera en la zona Quimsacocha, Azuay.
Harold Burbano Villareal, Director General Tutelar de la Defensoría del Pueblo señaló en la audiencia que el “Amicus Curiae” se presentó para que sea tomado en consideración al momento de resolver el caso de Quimsacocha, en vista que es “inaudito que las instituciones públicas intenten beneficiarse de las garantías jurisdiccionales al ser las directamente obligadas a garantizar los derechos. El Ministerio citado, debería iniciar apoyar los procesos de consulta, participación y toma de decisiones en cuestiones ambientales, y no intentar limitar su ejercicio.”
Los “amicus curiae”, consisten en presentaciones que pueden realizar terceros ajenos a una disputa judicial, a fin de expresar sus opiniones en torno a la materia, a través de aportes de trascendencia para la sustanciación del proceso judicial.
La Defensoría del Pueblo argumentó que el Ministro de Energía y Recursos Naturales No renovables, no podía constituirse como titular de derechos constitucionales, pues conforme lo establece la constitución, la institucionalidad pública es la obligada a cumplir y hacer cumplir los derechos, en este caso, el derecho de participación y a la consulta popular.
Finalmente, Burbano señaló que de otorgarse la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Energía se hubiera generado una grave y desproporcionada afectación a los derechos de la población que vive en la zona de influencia del proyecto Loma Larga, por lo que se incurriría en violación de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.