Ante el Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional el 1 de julio de 2019 en la parroquia La Merced de Buenos Aires en Imbabura, la Defensoría del Pueblo activó en la provincia un plan de contingencia con acciones inmediatas, a fin de garantizar la protección de los derechos de la población local.
La institución defensorial realizó una visita in situ al terminal terrestre de Ibarra, lugar donde el equipo de contingencia atendió a alrededor de 596 personas que fueron desalojadas de Buenos Aires. Una familia con un integrante con discapacidad fue albergada por la Misión Scalabriniana.
Actualmente, la Defensoría del Pueblo tiene un reporte de seis personas extranjeras que necesitan el acceso al asilo, además se están coordinando varias repatriaciones con las entidades correspondientes, especialmente en casos de personas de nacionalidad colombiana.
Es importante señalar que las personas que fueron entrevistadas en el terminal terrestre de Ibarra, manifestaron que se les decomisó dinero y pertenencias durante la intervención policial y militar, sin brindarles la información correspondiente a la cadena de custodia.
La institución visitó la oficina de la Fiscalía en el cantón Urcuquí, a fin de verificar las detenciones que se han producido, con el objetivo de garantizar que las mismas se enmarquen en el debido proceso.
La Defensoría del Pueblo además participó en algunas audiencias que se realizaron en las instalaciones de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Urcuquí por parte de la Unidad Judicial, donde se han registrado hasta el momento 18 detenciones, seis personas de nacionalidad venezolana, 12 personas ecuatorianas, incluyendo un menor de edad.
De las ocho audiencias llevadas a cabo, una de ellas fue por contravención por falta a la palabra y siete por flagrancias, como delito de minería ilegal y tenencia de sustancias sujetas a fiscalización.
Se ha solicitado activación de la Mesa de Movilidad Humana de Imbabura, la cual preside la Defensoría del Pueblo, por lo que se ha convocado la presencia de las instituciones que conforman la Mesa.
La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, ratifica su compromiso por la protección de los derechos de la población desalojada del sector, así como la vigilancia de los procesos judiciales.