Ante la evidente falta de previsión provocada por la escasez de vacunas, a escala nacional, y en apego a las atribuciones otorgadas a la Defensoría del Pueblo en la Constitución y su Ley Orgánica, el titular de la institución, Dr. Freddy Carrión Intriago, emitió medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato al Ministro de Salud Pública, Juan Carlos Zevallos.
En este sentido, dispuso se garantice en el plazo máximo de 15 días el acceso a las dosis de vacunas necesarias, previstas en el esquema de vacunación vigente para 2021, de modo que se solucionen las dificultades identificadas en el proceso de inoculación, a escala nacional, que configuran una grave violación al derecho humano esencial y prioritario de la salud de nuestras niñas, niños y adolescentes.
En las últimas semanas, personal de la Defensoría del Pueblo visitó “in situ” centros, subcentros, hospitales y distritos zonales de salud, en 22 provincias, para constatar la situación denunciada en varios medios de comunicación respecto al presunto desabastecimiento de la vacuna pentavalente que es necesaria para combatir la difteria, tétanos, tosferina, hepatitis B y haemophilus influenza, en menores de un año; ante lo cual, se verificó el desabastecimiento y la falta de dosis de diferentes vacunas para niñas, niños y adolescentes, sobre todo las pentavalentes, en Esmeraldas, Napo, Guayas, Santa Elena y Tungurahua, desde diciembre de 2020.
Según la medida, el titular del Ministerio de Salud (MSP) debe además presentar -públicamente- y publicar en la página web de la cartera de Estado a su cargo, en el término de ocho días, un informe detallado del universo de niñas, niños y adolescentes que deben ser inmunizados, por provincia, y que deben recibir sus dosis completas de vacunación de manera oportuna y en el tiempo indicado por la Norma Técnica de Inmunizaciones del propio ministerio.
Además, se deberá mostrar la brecha existente en el tema de inmunización, el stock de cada una de las vacunas en todo el territorio nacional, y la constancia del requerimiento de vacunas por parte del Ministerio de Salud Pública al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como la constancia del pago de las mismas.
En caso de no aplicar una solución inmediata y contundente a la crítica situación descrita, la Institución Nacional de Derechos Humanos anticipa que iniciará las acciones administrativas y judiciales que correspondan, ante las instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, para proteger los derechos a la salud, a la vida y al acceso a servicios públicos de óptima calidad para las niñas, niños y adolescentes de Ecuador.
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