El Delegado de la Defensoría del Pueblo en Cañar, Jhon Ojeda, como garante institucional de los derechos humanos en dicha provincia, intercedió en la causa constitucional que mediante garantía jurisdiccional de acción de protección siguió María Salomé Córdova Viteri, en contra del Rector y Procurador de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), al denunciar que mientras se encontraba con licencia de maternidad y sin que aún le correspondía reintegrarse, a finales de agosto, fue notificada -vía correo electrónico- por parte del rector de la UNAE, Freddy Álvarez, y su equipo jurídico, sobre la terminación de su contrato.
En el “amicus curiae” presentado por la Delegación de Cañar, Ojeda expuso las razones que -como Defensoría del Pueblo- consideró suficientes y necesarias para apuntalar la posición y el esquema argumental de las acciones, así como los argumentos que sustentan los asertos de la acción de protección presentada por Córdova Viteri en contra de la UNAE. “La Defensoría del Pueblo considera que la decisión de los funcionarios de la UNAE de separar de sus funciones a María Salomé Córdova Viteri, configura un acto contrario a los derechos, un acto violatorio que vulnera su derecho por pertenecer a un grupo de atención prioritaria del Estado…[por ello] solicito al Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en el cantón Azogues, provincia del Cañar, que analice y valore el contenido de este ‘amicus curiae’ y, asumiendo su papel de garante de los derechos fundamentales, rechace la pretensión del Rector y Procurador de la UNAE, de separar de su puesto a la mencionada señora, por los asertos legales y humanos interpuestos en la causa de marras y disponga la restitución inmediata a su puesto original de trabajo en la UNAE”.
Desde mayo del 2015, Córdova se desempeñaba como coordinadora Administrativa y Financiera de dicha Universidad, cuya sede principal ésta en Azogues (Cañar). En agosto de 2018 se acogió a la licencia por maternidad y lactancia, momento en el cual fue notificada sobre la terminación de su contrato, mediante mensaje de correo electrónico.
En este sentido, como alternativa le ofrecían la Dirección Administrativa-Financiera, pero debía renunciar a su cargo inicial. El argumento de las autoridades de la UNAE era que Córdova Viteri no tenía los cinco años de docencia, como lo exige la Ley Orgánica de Educación Superior en la reforma publicada el 2 de agosto de 2018. Por ello, el 30 de agosto, ella les respondió rechazando la propuesta y, al día siguiente, la UNAE ratificó su salida y que si quería tomar el otro cargo debía empezar (volver al trabajo) el 1 de septiembre.
Por ésta y otras situaciones acaecidas, decide presentar la acción de protección que, el pasado 24 de octubre, el Juez de Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Azogues, con el apoyo del “amicus curiae” de la Delegación de la DPE en Cañar, decidió otorgar en su favor “porque se vulneró los derechos constitucionales”. Adicionalmente, como medidas reparatorias, la sentencia también ordenó al Rector de la UNAE dejar sin efecto la destitución y que sea reintegrada a su cargo inicial; que sus condiciones de afiliación y continuidad laboral sean garantizadas desde el momento anterior a la remoción de su cargo; y, finalmente, que la UNAE ofrezca ‘disculpas públicas’ a María Salomé Córdova Viteri, por esta vulneración de derechos contra ella y, en general, contra las mujeres en condición de embarazo, maternidad o lactancia.
Mediante la utilización del recurso de “amicus curiae”, la Defensoría del Pueblo brindó su contingente para que la acción de protección sea favorable y que la UNAE cumpla con lo que estipula su misión y objetivos de “contribuir a la formación de educadores y pedagogos que con sus modos de hacer, de pensar y de investigar transformen el Sistema Nacional Educativo, para construir una sociedad justa, equitativa, libre y democrática, y como objetivo fundamental: promover la educación para formar personas no sexistas, y contribuir de forma audaz, ética e innovadora por medio de la educación al logro de una sociedad más justa, despatriarcalizada, intercultural, equitativa y solidaria”.
Por ello, la Delegación de la DPE en la provincia del Cañar se mantendrá vigilante de que la UNAE cumpla integralmente con lo dispuesto por el juez constitucional, en tutela del respeto de los derechos que María Salomé Córdova Viteri tiene, sobre todo, como madre y mujer trabajadora, tal como lo estipula la Constitución de la República y la normativa legal vigente en todo el territorio ecuatoriano.