Tras conocer el caso de una estudiante de educación básica, a quien la Unidad Educativa Víctor Sergio Ron Vega de Puerto Francisco de Orellana notificó la pérdida del año lectivo, la Defensoría del Pueblo de Ecuador, a través de la Coordinación Zonal 2, emitió una resolución en la que exhortó a las instituciones educativas a proteger el derecho a la educación, respetando el principio del interés superior del niño, sobretodo cuando se necesitan políticas de atención especial.
La madre de la estudiante de sétimo año de educación básica afirmó que la pérdida de año de su hija se debía a la negligencia del personal docente de la unidad educativa, pues ella como representante legal en varias ocasiones se acercó al plantel solicitando conocer el estado académico de su hija, pero pese a las múltiples insistencias que realizó le afirmaron que la adolescente estaba bien.
En ese contexto, la Institución Nacional de Derechos Humanos inició una investigación defensorial, donde se determinó que la alumna presentaba desórdenes de conducta que requerían la implementación de necesidades educativas especiales en el aprendizaje. Lamentablemente, la unidad educativa no contaba con una planificación de desempeño de la estudiante y no disponía de planes de refuerzo, afectando directamente a la niña.
Por tal motivo, la Defensoría del Pueblo emite una resolución en la que exhorta al Distrito de Educación de Orellana para que en el año lectivo 2016 – 2017 se disponga a las instituciones educativas realizar planes anuales y semanales de clases de todas las asignaturas de educación general básica y bachillerato, en las que se describa de una manera clara y objetiva, las estrategias y acciones para garantizar el derecho a una atención preferencial para las y los estudiantes con necesidades educativas especiales.