Los integrantes de la Asociación de Beneficio Social Nuevo Milenio presentaron una petición a las autoridades del Distrito Aduanero en la ciudad de Tulcán, a fin de solicitar el arreglo de los canales de las bodegas de SENAE pues colindan con sus propiedades y está ocasionando problemas a sus viviendas.
La Coordinación General Defensorial Zonal 1 de Carchi, solicitó a los representantes de la SENAE dar contestación a las peticiones planteadas por los representantes de la Asociación Nuevo Milenio y además, realizar una visita in situ a fin de determinar los daños ocasionados por la entidad aduanera, al no tomar los correctivos necesarios.
Al constatar los daños existentes, la Defensoría del pueblo, solicitó que se realice un estudio técnico que permita tomar los correctivos sobre la canalización de aguas lluvias, bajantes y empates al alcantarillado, de acuerdo a la propuesta técnica de infraestructura de la SENAE y así evitar que se sigan ocasionando perjuicios a la propiedad de la Asociación Nuevo Milenio.
De esta manera se pudieron tutelar los derechos de los miembros de la Asociación de Beneficio Social Nuevo Milenio, con la colaboración de representantes de SENAE, dando cumplimiento al exhorto de la Resolución N° 28-2018.
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Un grupo de ciudadanos y ciudadanas acudieron a la Delegación Provincial de Napo, a dar a conocer que fueron contratados por el contratista y subcontratista del GAD Provincial de Napo para la provisión de maquinaria pesada y volquetas para ejecutar proyectos viales, sin embargo no han recibido pago alguno.
La Defensoría del Pueblo inició una gestión oficiosa con el contratista del GAD Provincial de Napo, a fin de garantizar el derecho a la libertad de trabajo, y sobretodo que nadie será obligado a realizar trabajo gratuito o forzoso.
Como resultado de la intervención de la DPE, el contratista y subcontratista citados, realizaron a finales de octubre depósitos parciales y se comprometieron en realizar las transferencias de los pagos finales, en el mes de noviembre, a fin de no afectar los derechos de las personas peticionarias.
De esta manera se logró llegar a acuerdos que beneficien a todas y todos y principalmente evitar que se sigan vulnerando los derechos de las personas que se vieron afectadas por la falta de pago y de sus familias.
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Mickel S. y Kimberlyn Q., ciudadanos de nacionalidad venezolana solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo, pues acudieron ante Cancillería para regular su estatus, sin embargo no recibieron atención.
Según los peticionarios, en el ministerior de Movilidad Humana, les indicaron que se encontraban en situación irregular y que por ende no podrían ser atendidos, sin embargo los ciudadanos informaron que de los 180 días que les da la Ley de Movilidad Humana para regular su situación, solicitaron el turno en el día número 149.
En tal sentido, acudieron hasta la Coordinación General Defensorial Zonal 3 en Tungurahua, para que a través de la entidad se pueda canalizar el trámite ante Cancillería. Efectivamente, la Defensoría del Pueblo tomó contacto con las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para concretar una nueva cita y que las solicitudes de las visas de los peticionarios puedan realizarse.
Las peticionarios, junto con el Coordinador zonal de la Defensoría del Pueblo acudieron hasta Cancillería, a fin de tutelar los derechos de las personas afectadas. Finalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores inició el trámite y se otorgaron las visas correspondientes, protegiendo así los derechos de los beneficiaros y dando cumplimeinto a la Ley de Movilidad Humana.
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Una mujer adulta mayor, acudió hasta la Delegación de Los Ríos, pues fue víctima de la venta de cocina de inducción, bajo una modalidad de publicidad engañosa, afectando sus derechos.
La ciudadana, quien no sabe leer ni escribir, denunció que fue engañada por parte de quienes le entregaron la cocina, aprovechándose de su condición. Es así que la Defensoría del Pueblo, llevó a cabo una audiencia entre las partes, a fin de proteger los derechos de la ciudadana afectada.
A través de la audiencia se logró anular la venta de la cocina de inducción, protegiendo así los derechos de la peticionaria. Cabe mencionar que en la provincia de diez casos que ingresan por el tema de comercialización de cocinas de inducción, nueve son solucionados de manera efectiva.