Desde hace 18 años las comunidades de San Pablo de Amalí resisten para defender la cuenca del río Dulcepamba. La Defensoría del Pueblo continúa vigilante del proceso administrativo.
Con el objeto de coordinar acciones concretas para proteger los derechos de la comunidad y de la Naturaleza, la Defensoría del Pueblo se reunió con personas de las comunidades de San Pablo de Amalí, provincia de Bolívar, organizaciones de la sociedad civil como INREDH y Acción Ecológica, el Viceministro del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, autoridades de la Agencia de Regulación y Control del Agua y representantes de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y de la Interculturalidad de la Asamblea Nacional.
En la reunión, la comunidad manifestó la necesidad de que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la ARCA, procedan con la sanción a la Compañía Hidroeléctrica Hidrotambo ante el incumplimiento de la resolución emitida en el recurso extraordinario de revisión que presentó la comunidad ante la ex SENAGUA para la reversión del uso y aprovechamiento del agua. La misma que dispuso que la Hidroeléctrica respete el caudal ecológico y limite la utilización de agua en época de estiaje (verano), que cumpla con las medidas de mitigación propuestas y monitoreo ambiental durante la construcción de las obras y durante su operación; y que instale el medidor volumétrico, entre otras medidas.
Las comunidades de San Pablo de Amalí se encuentran en un proceso de resistencia desde hace 18 años para defender la cuenca del río Dulcepamba y el derecho que tienen para acceder al agua, ante la concesión efectuada a la Compañía Hidroeléctrica Hidrotambo y las obras de infraestructura que han ocasionado afectaciones a la diversidad al ecosistema biológica, , a los proyectos de vida de las personas, así como la lamentable pérdida de vidas humanas, sin que el Estado haya procedido con acciones que garanticen los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos y con la reparación integral.
Por su parte el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la ARCA informaron sobre el inicio de los procesos administrativos sancionatorios, y las comunidades solicitaron que se proceda con la reversión de la concesión como un hito histórico en el país para la conservación y reparación de los derechos de la naturaleza, mientras que la Defensoría del Pueblo continuará con la vigilancia del proceso administrativo.
Adicionalemnte, la Institución Nacional de Derechos Humanos, junto a las comunidades de San Pablo de Amalí y organizaciones de la sociedad civil, presentaron en forma conjunta un escrito ante la Corte Constitucional solicitando que de manera prioritaria se convoque a audiencia tanto en la Acción Extraordinaria de Protección como en la Selección de Sentencia, debido al alto riesgo y vulnerabilidad de las personas que habitan en la zona y de la naturaleza, toda vez que se acerca la época de estiaje y por el desvío del río efectuado por la Compañía Hidroeléctrica Hidrotambo.